La libertad de expresión es algo así como la piedra filosofal de la democracia. Es un derecho fundamental que mantiene engrasado el sistema de pesos y contrapesos de un país.
Sin embargo, de cuando en cuando, aparecen grupitos que pretenden arroparse con la bandera de la libertad de expresión para justificar la realización de actos bochornosos.
En días recientes, una partida de malcriados convirtió edificios de la Universidad de Costa Rica (UCR) y de la Universidad Nacional (UNA) en un lienzo de insultos, groserías y amenazas. Resulta indignante ver la desfachatez con la que estos muchachos se apropiaron de espacios públicos para dejar su vergonzosa marca en paredes, calles, puertas, columnas y ascensores.
“Rayamos lo nuestro", es uno de los mensajes escritos con aerosol en el nuevo edificio de la Facultad de Ciencias Sociales de la UCR, en Montes de Oca. El grafiti no solo pone en entredicho los modales del autor, sino también su desconocimiento sobre a quién pertenece en realidad el inmueble rayado.
El edificio, inaugurado en el 2014, es propiedad de un fideicomiso que financió la construcción y ahora la UCR deberá cubrir los daños causados por los alumnos. Meses antes, la comunidad universitaria alzó la voz, como debe ser, para expresar su repudio contra vicios que carcomen a las universidades públicas, como el acoso sexual y la discriminación.
En aquella ocasión, los manifestantes utilizaron medidas mucho más eficaces para sensibilizar a la opinión pública sin necesidad de acudir al vandalismo. Imagino que ahora, de la misma forma, los universitarios saldrán a censurar a quienes cubren su rostro con gorras y pañuelos para dañar activos que les pertenecen a todos los costarricenses.
Nuestra legislación garantiza el derecho a la protesta, a la manifestación pacífica, pero en ninguna parte alienta la anarquía ni el menoscabo de los bienes públicos. Ojalá las autoridades de esas casas de enseñanza superior ejerzan la autonomía tan defendida por ellos para tomar medidas ejemplarizantes contra los responsables del agravio.
Basta de alcahuetear a quienes dicen representar causas justas, pero que, en su afán por hacerse notar, terminan afectando a las personas y los ideales que dicen defender.
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Ronald Matute es jefe de Información de La Nación.