El triquitraque desatado por el garrafal error cometido por el gobierno con su ahora innombrable Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD) posiblemente retumbará algunos días más. Sin embargo, mientras la Defensoría, la Fiscalía y la Asamblea investigan las labores de esa oficina, el país no puede darse el lujo de detenerse.
Existen amenazas urgentes que deben ser afrontadas con seriedad y prontitud, como el estancamiento económico, el desempleo, la inseguridad, la pobreza y la deuda pública.
La gravedad de estos asuntos exige una discusión profunda, pero, ante todo, patriótica, entre los tomadores de decisiones para buscar aquellos acuerdos que permitan concretar acciones. Por ello, resultaría irresponsable aplazar estos necesarios debates para consumirse en las aguas nauseabundas de la politiquería en busca de tempraneros réditos electorales.
Una actitud así podría considerarse hasta alta traición en momentos cuando los sectores presionan y exigen soluciones a problemas acumulados durante años. Pero, incluso, evidenciaría una falta de cálculo sobre la conveniencia de tomar ahora una serie de decisiones dolorosas, pero necesarias, cuando el costo político lo asume esta administración. En este asunto, la Asamblea está llamada a desempeñar un papel fundamental.
Si bien el control político es uno de los ejercicios democráticos más relevantes del Congreso, la discusión sobre el quehacer del Ejecutivo, las instituciones y los partidos no debe consumir todo el tiempo. Los diputados han demostrado un deseo de romper el molde de sus antecesores, y han logrado consensos para tomar decisiones históricas que otros no se atrevieron.
Ojalá el polvorín levantado por la UPAD no nuble el buen criterio que han tenido ni los haga caer en la tentación de dilatar y obstruir las reformas que el país necesita. Si la UPAD incurrió en irregularidad o delito por el uso de datos confidenciales, les corresponde a los órganos establecidos para ello sancionar. A la clase política le toca, sin renunciar a su papel de contrapeso, honrar el compromiso de velar por el bienestar de los ciudadanos, y pasar de la palabra a la acción. Tenemos que ver más allá del triquitraque.
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Ronald Matute es jefe de Información de La Nación.