La pasmosa lentitud de la CCSS para poner la app EDUS a combatir la propagación del coronavirus SARS-CoV-2 es inconcebible en plena emergencia sanitaria.
La herramienta tecnológica se convertiría en una aliada porque alertaría a quienes tuvieron cercanía con una persona que resultó positiva en las pruebas por covid-19. Todo sería anónimo y voluntario. Simplemente, quien salga infectado autoriza el envío de notificaciones a quienes estuvieron en contacto. El propósito es que los destinatarios de esos mensajes se hagan pruebas y se aíslen.
Algo tan sencillo como eso se ha convertido en una tramitomanía dentro de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Dos meses han perdido en consultas legales. Van y vienen opiniones, pese a que “en cuestión de días” la aplicación podría ser ajustada para esa nueva función.
Al menos, así lo dijo el 26 de abril a La Nación el médico Manuel Rodríguez, jefe del componente clínico del Expediente Digital Único en Salud (EDUS), al detallar que todo se haría “en un tiempo muy corto”.
Un mes antes, el 26 de marzo, el EDUS comenzó a consultar a cada usuario o visitante sus síntomas para conocer cuán probable era que se hubiera contagiado. En un mes, 144.000 dieron sus datos y, de ellos, 11.000 recibieron la respuesta de alto riesgo.
La CCSS, al dejar pasar el tiempo, no solo desaprovecha esa costosa tecnología, sino también la gran cobertura que le dio la pandemia a la app: ha sido descargada en 2,2 millones de celulares.
Es más, Google y Apple le tienen la mesa servida. Tanto los sistemas Android como iOS habilitaron la opción “Notificación de exposiciones al covid-19”. Búsquelo en “ajustes”. Está inactivo porque el sistema funciona con “la app de su autoridad de salud pública”. Es decir, cuando la CCSS baje el dedo.
Los temores a la invasión de la privacidad son válidos, pero en emergencia sanitaria declarada, la salud pública prevalece siempre y cuando el uso de datos sea temporal y manejado con rigurosa confidencialidad.
Si todo está listo, hasta en lo legal, es incomprensible por qué la CCSS da largas a una decisión para proteger la salud y vida de los ciudadanos.
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Armando Mayorga es jefe de Redacción de La Nación.