Una condonación de deudas financiada con dinero público tiene que ser transparente, nunca confidencial, como pretenden los administradores del Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD) o los mismos diputados. El nombre de quien ruegue el perdón de un préstamo debe estar sobre la mesa, pues dejarlo bajo el mantel se presta para dudas y abusos.
Por eso, si la Asamblea Legislativa quiere aprobar la Ley de apoyo a beneficiarios del sistema de banca para el desarrollo ante la emergencia por covid-19, debe garantizar la identificación de quienes están detrás de los 2.705 créditos y cuánto se le perdonará a cada uno.
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Manejar la información de forma «confidencial» es un irrespeto. Entonces, si a un moroso le apena que se conozca y registre su nombre, lo digno es que salga de la lista, pues no se vale que mientras miles de ciudadanos la ven a palitos para pagar créditos otros intenten que los disculpen y, de feria, pasar inadvertidos.
Igualmente, no es de recibo que el director del SBD, Miguel Aguiar, sea quien ponga condiciones a los diputados, al punto de decirles que solo aporta nombres y números de cédula, pero no lo que debe cada uno por, según él, tratarse de «información sensible». Más adelante les advierte de que el listado es «información confidencial que no debe trascender a terceros».
Los diputados deben darse a respetar. Si van a perdonar ¢6.200 millones de dinero público a agricultores, lo mínimo es que pongan condiciones de transparencia y no sucumban al interés de confidencialidad.
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También deberían tener algo de malicia. ¿Cómo es que a ninguno de los condonados le exigirán certificar pérdidas por la pandemia? Solo Jonathan Prendas, de Nueva República, demandó que se les exija demostrarlo, pero sus colegas de la Comisión de Asuntos Agropecuarios lo ignoraron.
Con esas prebendas, el proyecto de ley va contra la moral, sobre todo, cuando en miles de hogares los créditos bancarios se convirtieron en un suplicio, pero ninguno reclama perdón, solo un arreglo para pagar.
No se vale que por campaña electoral, o con la excusa de la pandemia, los diputados pongan un «confidencial» y cero filtros a la pérdida de ¢6.200 millones de dinero que sufrirá el Estado.
amayorga@nacion.com