El Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) vuelve a prender alarmas: el dinero cada vez rinde menos para pagar a los 268.000 jubilados.
El año que viene los aportes de los trabajadores, patronos y el Estado apenas cubrirán el 75 % de los pagos, por lo cual el restante 25 % se tomará de los intereses que generan las reservas del fondo.
En esta coyuntura, la Gerencia de Pensiones de la CCSS propuso reducir el monto de referencia que se paga a los que se pensionan por vejez (mujeres, a los 60 años, con 450 cuotas, y hombres, a los 62, con 462).
La idea es que el monto baje del 60 % al 55 % del salario del trabajador (promedio de últimos 20 años).
Sin embargo, esta opción debería ser la última, antes de agotar otras medidas.
Esto porque las pensiones del IVM son las más bajas de todos los sistemas de jubilación que operan en el país, pues tienen un tope de ¢1,5 millones, monto “razonable” si se toma en cuenta que el tope fijado por la Sala IV a las pensiones de lujo de sistemas cargados al presupuesto nacional es de ¢2,7 millones.
Si el IVM está en crisis, lo primero es atacarla por los gastos y, en eso, la Dirección de Pensiones no dice nada.
El exsuperintendente de pensiones Edgar Robles, en un comentario titulado “Cómo salvar al IVM”, el 9 de febrero del 2017, dio mucha luz.
“La mala administración del IVM se debe a su deficiente gobierno corporativo, el cual se ha contaminado por una injerencia política que no le ha permitido adoptar reformas de fondo, no lo ha dejado contar con personal idóneo en puestos de dirección, ni invertir los recursos en el mejor provecho de los afiliados”.
Unos días después, el 20 de febrero, el estudio actuarial de la Universidad de Costa Rica reveló que los costos administrativos del IVM subieron un 23 % en un solo año.
Esos gastos suman ¢42.000 millones, pese a que en el 2005 otro estudio actuarial recomendó a la Caja disminuir en un 20 % los costos de administración. En lugar de eso, solo suben por falta de medidas.
Entonces, es cierto que, para sobrevivir, el IVM urge de decisiones que afectarán a sus cotizantes y jubilados, pero antes, urge también, que haya medidas, desde adentro, para un manejo eficiente.
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Armando Mayorga es jefe de Redacción de La Nación.