Buenos días: Clave presidencial

Imagino que el diputado Dolanescu está anuente a aclarar cómo obtuvo la clave de uno de los teléfonos del mandatario

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La Fiscalía General ordenó investigar, con carácter urgente, por qué razón un diputado conoce la clave de acceso de uno de los teléfonos decomisados al presidente, Carlos Alvarado, por el caso UPAD.

Resulta paradójico que el código fuera revelado en una sesión de la comisión legislativa que indaga si una oficina de la presidencia accedió a información confidencial de los ciudadanos.

No fue casual que el legislador independiente Dragos Dolanescu aprovechara una comparecencia tan mediática y que había generado tanta expectación para divulgar el dato.

Pero si la intención de Dolanescu era evidenciar una aparente contradicción del mandatario, más bien desvió los focos de atención hacia un hecho insólito y preocupante.

La filtración de la clave del celular del mandatario no es un incidente menor, si se considera que se trata de información sensible que en teoría está bajo la custodia del Ministerio Público.

Queda la duda sobre si, debido a esta fuga de información, otros datos relevantes del expediente judicial habrán caído también en manos de terceros.

Surge, además, la duda sobre si alguien que conoce la clave accedió a contenidos privados ajenos a la investigación sobre la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).

La Fiscalía descartó una filtración interna, pero indicó que durante la diligencia de apertura de los teléfonos de Alvarado estuvieron presentes 55 personas que no pertenecen a esa oficina.

Se trata de imputados, abogados, técnicos y querellantes. Espero que sean las primeras personas llamadas a dar cuentas sobre lo sucedido.

Imagino que el diputado Dolanescu, como miembro de la comisión que investiga si la UPAD accedió a información confidencial, está anuente a aclarar cómo obtuvo la clave telefónica.

Ojalá el Ministerio Público, con la misma diligencia que ordenó investigar esta irregularidad, mantenga informada a la opinión pública sobre el avance de la pesquisa.

Las autoridades judiciales no pueden permitirse que este censurable incidente manche, de alguna forma, la investigación de fondo que realizan sobre la UPAD.

rmatute@nacion.com