El fallecimiento de 20 personas por intoxicación con guaro con metanol debería impulsar al Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la Policía de Control Fiscal y la Fuerza Pública a declararse en emergencia y dar prioridad a la identificación de quiénes están detrás de los homicidios.
Antes de que mueran más personas, los cuerpos policiales deben unir recursos económicos y humanos para dar con los asesinos, pues, públicamente, la investigación parece ser “una más”.
La veintena de muertes obliga a poner los ojos sobre cómo han respondido el Ministerio Público y los jueces ante las denuncias, supuestamente múltiples, de la Policía de Control Fiscal (PCF) en los últimos años contra, cuando menos, 13 bandas ligadas a la introducción de etanol, de manera ilegal, al país.
“Desde hace cinco años lo vengo diciendo. No queremos llorar a costarricenses por el consumo de alcohol adulterado, pero ya son 19”, declaró el domingo Irving Malespín, director de la PCF, para un reportaje del periodista Carlos Arguedas, en La Nación.
¿Por qué tanta parsimonia policial, judicial y hasta de gobierno con esos delincuentes? ¿Por qué esperar más muertes para actuar?
Lo incomprensible es por qué no ha pasado nada si entre el 2014 y el 2015 la PCF decomisó 100.000 litros de etanol, 38.000 en 2018, y ahora, en una semana, 30.000 botellas de dudosa procedencia, con restos de metanol.
El producto estaba en manos de personas, transportistas y comerciantes de licor. Todos ellos debieron ser interrogados para descubrir cómo y quiénes obtuvieron esa enorme cantidad de guaro adulterado.
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¿Cómo es posible que a alguien se le descubra un producto con el potencial de matar y no se le investigue sobre cómo lo obtuvo? Ellos son los que pueden llevar, ahora, tardíamente, a los homicidas.
En esta matazón, lo que queda es un rastro de negligencia para identificar y sentenciar a quienes lucran con marcas de guaro.
El Estado ha fallado porque sus funcionarios han sido omisos y complacientes con los criminales que mataron ya a esta veintena de personas, en su mayoría indigentes o sin empleo.
Por sus familiares, y el resguardo de la salud de más ciudadanos, es momento de perseguir con todo el peso de ley a los homicidas.
amayorga@nacion.com
Twitter: @armandomayorga
Armando Mayorga es jefe de Redacción de La Nación.
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