El 27 de junio se divulgó un documento que, por su naturaleza, se puede calificar como inédito en nuestra política. Tras un meticuloso proceso que arrancó el 27 de octubre del pasado año, los nueve partidos representados en la Asamblea Legislativa llegaron a un “acuerdo nacional” con grandes generalidades, pero también notables concreciones. Cuatro son particularmente importantes: la voluntad de dialogar y acordar, la definición de una agenda de grandes temas nacionales, la confluencia alrededor de algunos proyectos precisos, y la promesa de respetar los compromisos y abstenerse de entorpecer las decisiones mayoritarias.
Curiosamente, lo que debió ser recibido con gran interés público y conducir de inmediato a tomas de posición de los candidatos presidenciales, iniciativas de las bancadas y un esfuerzo articulador del gobierno, ha generado atención mínima. Como sociedad, debemos superar este desdén y abordar el acuerdo como una excelente, aunque frágil, palanca para avanzar en la construcción de un país mejor.
No existe certeza de que, solo a partir de un documento de compromisos que tienden hacia la amplitud, emerjan las decisiones necesarias para avanzar hacia sus objetivos. Estos incluyen reformas educativa, fiscal, administrativa, del reglamento legislativo y el empleo público; modernización del transporte y la infraestructura logística; fortalecimiento de la Caja y el régimen municipal; proyectos de desarrollo integral regional y la creación de un Consejo Económico Social.
También podemos dudar sobre la conveniencia de plantear tantos temas sin establecer jerarquías. Pero sí podemos estar seguros de que si dejamos pasar la coyuntura de convertir este ejercicio en una herramienta para, precisamente, jerarquizar, concretar y decidir, perderemos una gran oportunidad.
La inminencia del proceso electoral, lejos de ser una barrera, podría convertirse en aliada. Ante el silencio de los candidatos, diputados y el gobierno, su reticencia a abordar temas sustantivos, pero espinosos, y la ligereza de la discusión pública, el acuerdo puede servir, en el peor de los casos, como base para la interrogación y la exigencia ciudadanas; en el mejor, para que los dirigentes políticos emprendan una ruta de posibles decisiones compartidas. Vale la pena.
(*) Eduardo Ulibarri es periodista, profesor universitario y diplomático. Consultor en análisis sociopolítico y estrategias de comunicación. Exembajador de Costa Rica ante las Naciones Unidas (2010-2014).