El presidente de la República, Rodrigo Chaves, presentó el proyecto de ley para una de las privatizaciones anunciadas, la del Banco de Costa Rica. En la explicación del proyecto se hace una radiografía sobre el deterioro de la situación fiscal desde el 2009 hasta el 2020, cuando los desequilibrios se estabilizan y comienzan a moderarse. El objetivo de la propuesta, tal y como se plantea en el proyecto, es reducir la deuda pública y el costo fiscal de atenderla.
El gobierno tiene razón cuando mantiene el dedo en el gatillo sobre el problema fiscal del país. Tanto neoliberales como estatistas debemos percatarnos de que ninguna ideología de desarrollo podrá rendir frutos si el déficit fiscal no se reduce a niveles que estabilicen el peso de la deuda sobre el PIB.
Por razones que siempre han sido incomprensibles para mí, el progresismo latinoamericano, incluido el costarricense, asocia propuestas relacionadas con disciplina fiscal y eficiencia del sector público con neoliberalismo, cuando lo contrario debe ser lo correcto.
Somos, los que para el desarrollo integral les atribuimos una función importante al sector público y a las políticas intervencionistas, los que debemos estar más urgidos de que eso que amamos, el Estado social de derecho, esté bien financiado y funcione como un reloj suizo.
Entonces, veamos primero el impacto de la propuesta en términos fiscales. De acuerdo con el gobierno, el BCR se podría vender en aproximadamente $1.785 millones. Con esos recursos se cancelaría deuda y se dejarían de pagar los intereses correspondientes.
El promedio ponderado de la tasa de interés sobre la deuda es del 7,6%. Lo que significa que con la privatización del BCR el pago de intereses se reduciría en $136 millones. Esto equivale a un 0,21% (poco más de una quinta parte de un 1%) del PIB.
De acuerdo con el gobierno, el déficit fiscal ronda un 4,06% del PIB. Ello significa que si se privatiza el banco por el monto estimado por el gobierno y presumiendo que no hay costos fiscales derivados de la privatización (costo de la estructuración y la licitación, transferencias a entes públicos, tributos, etc.), el déficit fiscal pasaría de un 4,06% a un 3,85%.
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Diferencia con el Anglo y Bancrédito
No debemos menospreciar per se estas cifras. La suma de pequeños montos, arañados de varios rubros por el lado del gasto y los ingresos, permitieron al gobierno anterior estabilizar las finanzas y llegar a un acuerdo con el FMI. Sin embargo, una propuesta de privatización es cualitativamente diferente, y su limitado impacto fiscal nos obliga a preguntarnos si vale la pena, dados los elevados costos que conlleva en varios frentes.
Más aún, surge la duda de si la propuesta tiene como verdadero objetivo aprovechar la necesidad de mejorar las finanzas públicas con el fin de simplemente ayudar a materializar la añeja meta de influyentes sectores del país, muchos de ellos en el PLN y el PUSC, dirigida a privatizar y someter a la “competencia” todo negocio estatal rentable, llámese seguros comerciales, puertos, telecomunicaciones o la misma banca.
Aparte del exiguo alcance fiscal de la medida, es necesario llamar la atención sobre algunos aspectos. Si bien es cierto que para detener el deterioro fiscal el gobierno anterior rebuscó en la estructura de gastos e ingresos montos individualmente también pequeños, lo hizo sin necesidad de privatizar nada, ni de despedir o reducir el salario de nadie.
De ese modo se escudaron las funciones y responsabilidades del sector público, aunque, gracias a las importantes reformas legales, las desempeñará a un costo promedio cada vez menor.
El problema no es que se reestructure el Estado. Sin temores ni cálculos, presenté numerosos proyectos de ley para cerrar y fundir instituciones y eliminar duplicidades. Tampoco creo que la conformación de la banca estatal quedara sellada en las tablas de Moisés.
Acuerpé sin calificaciones el cierre del Banco Anglo durante mi primera diputación (1994-98) y el cierre del Banco Crédito Agrícola durante la segunda (2014-18). De hecho, el último se cerró con un proyecto que presenté siendo legislador.
Pero esos dos bancos estaban quebrados; el Anglo por corrupción y Bancrédito por su concepción. La única manera de mantenerlos vivos era con transferencias fiscales multimillonarias. El BCR, por el contrario, es rentable, paga impuestos y cargas parafiscales, algunas de ellas de suma importancia dentro del Estado social de derecho.
Negocio rentable
Lo que más me preocupa de la privatización del BCR es que significa un paso más en la ruta de concentrar el ingreso y la riqueza. El Banco de Costa Rica no lo va a comprar la señora de Purral, de igual manera que ella no compró ni una acción del negocio de las telecomunicaciones, los seguros comerciales o de la terminal de contenedores de Moín.
El negocio bancario es de los más rentables en cualquier país y se caracteriza por sustanciales economías de escala, lo que conduce a su concentración en pocas manos. En el caso de Costa Rica, la banca estatal ha llevado servicios de ahorro y crédito a todos los rincones del país, lo que ha permitido a centenares de hombres y mujeres, incluyendo a las de Purral, bancarizarse y ser parte de la economía nacional.
Puede ser que la distribución de los beneficios del desarrollo no interese a ciertos sectores, los cuales quieran seguir por la lamentable ruta a la que nos encaminaron algunas de las reformas neoliberales.
La ortodoxia de mercado, la ley de la selva o la teoría del goteo ya no son defendidas casi por nadie, ni por la academia ni por las capitales del mundo occidental, y mucho menos por países exitosos de Asia, tales como Japón, China o la República de Corea.
Hoy el desafío de la humanidad no es cuánto producir y a qué tasa incrementar la capacidad productiva. Por ejemplo, existen posibilidades, sin afectar el ambiente, de suplir 2,5 veces las necesidades alimentarias de la humanidad.
El desafío es cómo hacer la capacidad para la abundancia compatible con equidad y reducción de la pobreza. El comunismo intentó hacerlo, pero eliminó los estímulos para la eficiencia, la inventiva y el trabajo duro, impidiendo así la abundancia.
Los economistas “de derecha” vaticinaron que la la relación entre el capital y el trabajo conduciría por medio de la competencia a crecientes niveles de equidad: la tendencia hacia la acumulación excesiva de ganancias incrementaría la inversión y el capital productivo, la relación capital-trabajo se elevaría y, por tanto, la relación salarios-ganancias. Sin embargo, el desarrollo tecnológico, las economías de escala, la falta de competencia, la globalización de los mercados de trabajo, entre otros factores, han hecho que solo con políticas estatales intervencionistas se mitiguen las inequidades y la pobreza. Ello, por cierto, convierte la eficiencia y la productividad del aparato público en el problema pivotal del desarrollo, y es ahí donde debemos concentrar todas las energías en Costa Rica.
Propuesta
Existe una forma para, sin privatizarlo, evitando así mayor inequidad, utilizar el BCR para reducir el pago de intereses y la duda del gobierno: venderlo al Banco Nacional. Para ello, el BN puede utilizar su tenencia de bonos del Gobierno para pagar parte del valor del BCR y adquirir un pasivo por el resto.
El saldo de deuda bonificada en manos del BN es de aproximadamente $1.014 millones. Con la transacción se cancelaría deuda del gobierno por ese monto y el BN adquiriría una deuda de $771 millones con el gobierno. De ese modo, los pasivos del gobierno netos se reducirían en los mismos $1.785 millones a que aspira el presidente Chaves, sin tener que privatizar el BCR.
En 1997, durante mi primera diputación, presenté un proyecto de ley (expediente 13032) que, además de lo anterior, contemplaba la venta del INS a la CCSS y de Fanal al INA, instituciones tenedores de bonos del Gobierno ambas (en aquel momento, en que la relación deuda-PIB no superaba el 10%, esas transacciones habrían reducido la deuda en cerca del 25%).
El proyecto generó alguna discusión, pero los que anhelaban la privatización de esas empresas estatales no mostraron interés, a pesar de que se lograban efectos similares en las finanzas públicas a los que se lograrían con una privatización.
Ese proyecto, con muy pocos cambios, puede ser la respuesta para mejorar la situación fiscal sin concentrar la riqueza, pues el BCR seguiría perteneciendo a los costarricenses.
Respetuosamente, sugiero al presidente y a los diputados revisar la alternativa aquí sugerida. Si realmente la razón para querer privatizar el BCR es fiscal y si se quiere evitar la profundización de las inequidades en nuestra sociedad, esta puede ser una buena solución.
ottonsolis@ice.co.cr
El autor es economista.