El país vivió una emergencia que evidenció las falencias para detectar y resolver con rapidez un problema de agua, que puso en riesgo la salud de más de 100.000 habitantes, y, pese a ello, no se han tomado medidas resolutivas.
Reconozco el arrepentimiento de Acueductos y Alcantarillados por la incomprensible contratación de ¢2.300 millones en publicidad al Sinart, incluso uno de los directivos se pregunta cómo se aprobó el contrato, pero se ve como resultado de las investigaciones que realiza la comisión legislativa y el rechazo de la Contraloría General de la República. No obstante, lo del Sinart es poco comparado con el problema de la contaminación en tantas comunidades sin que se escuche un mea culpa.
Más preocupante aún es que no se le esté dando seguimiento a la contaminación, que tuvo en vilo a los residentes en Moravia, Tibás, Goicoechea y San José hace unas semanas, fenómeno que, según los alcaldes en una reunión con la Defensora de los Habitantes, no es nuevo.
Lo sucedido denota graves errores. El hecho de que el malestar y la descomposición de algunos ciudadanos, así como el olor reportado por otros, activó la reacción de las autoridades, evidencia descuido. Y una se pregunta cómo es posible que no se cuente con mecanismos de alerta.
Las instituciones requirieron varios días para encontrar la causa de la contaminación, y pudimos ver en los medios de comunicación que un laboratorio privado dio un reporte 24 horas antes que el institucional debido a la lentitud de sus procesos (48 horas), lo que resulta paradójico.
También resulta ridícula la reacción de la jerarca de Salud, al reclamar a la Universidad de Costa Rica (UCR) el haber anunciado en una conferencia de prensa la causa de la contaminación sin haberle informado previamente, y luego procedió a amenazar con la suspensión de todos los convenios del Ejecutivo con el centro de enseñanza superior estatal. Un reflejo del divorcio del Ejecutivo con la institucionalidad costarricense en su máximo esplendor.
Por último, la “solución ejecutiva”, que ya es costumbre, fue destituir al jerarca del AyA, lo que impide la rendición de cuentas y crea una cortina de humo que hace perder el norte al país y a los medios de lo más importante: la exigencia de medidas que eviten que el problema se repita.
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La autora es politóloga, miembro del Advisory Board del Wilson Center en asuntos para América Latina.