Latinoamérica enfrenta hoy el reto de redefinir el papel que el Estado, el sector privado y la sociedad civil deben cumplir para evitar que la mala distribución de la riqueza mantenga sumidos en la pobreza a 200 millones de personas, la mitad de sus habitantes.
Ese fue el punto de partida sobre el que debatió, el lunes pasado, un grupo de empresarios, académicos y figuras públicas en el foro La pobreza en la América Latina, organizado por el instituto Helen Kellogg, de la Universidad de Notre Dame, Indiana, con el patrocinio de Coca Cola.
Dentro de los nuevos desafíos, la solución definitiva del abultado gasto público, de las pensiones de los indigentes y obreros con cargo al presupuesto nacional, de la prestación ineficiente de los servicios públicos, la mala atención médica y la baja calidad de la educación son debates comunes en la mayor parte de la región.
En Chile, Perú y Colombia -para citar algunos ejemplos- la discusión sobre los sistemas privados de jubilación y las pensiones con cargo a los presupuestos nacionales no difiere en mucho de la que todavía no concluimos en Costa Rica.
Frente a la crisis educativa, la ilimitada audacia peruana llegó a analizar el posible traslado de las funciones del Ministerio de Educación al sector privado, mientras que el plan colombiano de becar a estudiantes en centros privados no tuvo éxito: dentro de lo malo, era mejor la enseñanza pública.
La economía del mercado, la movilidad laboral, el empobrecimiento de la clase media y la inseguridad ciudadana también son problemas comunes.
Las coincidencias entre los puntos allí expuestos y los de la agenda de discusión nacional son muchas, lo cual reafirma que el deseo costarricense, de ser mejores que el resto del continente no triunfó en los ámbitos económico y social, como sí ocurrió en el pasado con la democracia política.