Hace unos años, el Instituto Nacional de Seguros (INS), en convenio con el Banco de Costa Rica, nos ofreció una póliza de ¢5 millones a los pensionados, por la cual pagábamos una cuota muy atractiva. Tiempo después, intentaron aumentarla en un 1.000 %, pero, debido a las quejas, subió un 500 %.

Recientemente, nos informaron de que pagaremos un 36 % más sin que cambie el monto de la cobertura. No es justo. ¿Dónde queda la protección del adulto mayor?

Miriam Ramírez López, Grecia

Pide explicación

Jacques Sagot publicó un artículo espectacular titulado: “Esa divina y rara virtud llamada coherencia” (La Nación, 4/12/19). Señaló, con notable acierto, el comportamiento y la transformación de algunos comunistillas que protestaron contra Alcoa, quienes hoy reciben pensiones de lujo.

Sin embargo, confieso que, por mi ignorancia, desconozco el significado de algunas palabras escritas en esa nota de burla y denuncia, como peroraciones, fagocitó, ingurgitación, ataraxia y escindidos. ¡Disculpas, maestro!

Gaetano Pandolfo Rímolo, San Antonio de Desamparados

Poca amabilidad

Un médico privado me incapacitó en diciembre debido a una emergencia. Tuve que llevar el comprobante a la clínica Ricardo Jiménez Núñez para la validación. Una persona me dio muy buena atención las veces que me atendió; sin embargo, en tres ocasiones, otra, quien la cubrió, se comportó poco amable: me hablaba fuerte, molesta y me dio información incorrecta. Si alguien no tiene el don para atender al público, no deberían tomarlo en cuenta para desempeñarse en ese tipo de labores.

Julio Rodríguez Cantillano, Goicoechea

Reforma estatal

El director del Servicio Civil, Alfredo Hasbum, había sostenido en setiembre del año pasado que la unificación normativa para la remuneración de los servidores públicos crearía un caos. Caos y desorden es lo que hay, y se comprueba por la existencia injustificada de 310 instituciones con distintas reglas y, además, subregímenes.

La Asamblea Legislativa debe abolir la actual concepción que ha permitido, debido a una falsa idea de la autonomía administrativa, la atomización del Estado.

Todas las entidades descentralizadas, a la luz del derecho administrativo, deben estar adscritas o vinculadas al Gobierno Central y sometidas a su tutela administrativa, es decir, todas forman parte del Poder Ejecutivo.

Mediante una norma constitucional debe definirse la estructura estatal, señalando nítidamente los límites de la administración central y la descentralizada, en la que caben los establecimientos públicos, por ejemplo, universidades, y las empresas industriales y comerciales, como el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) o la Fábrica Nacional de Licores (Fanal).

Una vez logrado lo dicho, se debe unificar el régimen salarial, con base en el artículo 191 de la Constitución. Asimismo, la privatización de la banca es imprescindible para sanear las finanzas públicas.

Camilo Cifuentes Correa, San José

Caos en turismo

La queja común de los costarricenses y extranjeros es que el turismo en Costa Rica es muy caro con respecto al resto de países latinoamericanos. ¿Qué lo encareció? La respuesta se halla en la historia.

Tuvimos una línea aérea propia mediante la cual se promocionaron diversos destinos. Luego, fue vendida y el dinero se esfumó. El Instituto Costarricense de Turismo (ICT), dueño del 33 % de todos sus activos, conserva una exigua cuota de accionista. La junta directiva se politizó y fue conformada por empresarios que legislaron a su favor y aprobaron alzas desmedidas en todos los servicios. Los acuerdos de la junta dejaron de ser técnicos; fueron políticos o gremiales. De su excesiva codicia y ambición, nació la Ley de Incentivos para el Desarrollo Turístico, que favorecía a los grandes empresarios y excluía al resto de los beneficios, no así de las obligaciones. La ley permitió repartirse millones de dólares entre ellos, los cuales luego resultaron incobrables por la inopia de las autoridades y la prescripción.

La toma de decisiones en el seno de las juntas directivas poco a poco minaron la autoridad del Instituto, al punto de no poder regular ningún precio de turoperadores, hoteles o restaurantes; todo está en manos privadas y, para garantizarlo, los interesados crearon entes que les daban respaldo, así surgieron la Asociación de Hoteles y Afines, la Asociación Costarricense de Profesionales en Turismo y otras más. La más importante es la Cámara Nacional de Turismo (Canatur), que parece ser el órgano oficial en el área, pues divulga las novedades.

La suma de todos estos desaciertos se la cargaron a la actividad, que está llegando a ser incompetente y fuera de mercado.

Rodrigo Herrera Rodríguez, Heredia

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