A inicios de diciembre del 2018, fui a comprar un servicio de telefonía e Internet de Claro para un viaje que realizaría del 3 al 10 de diciembre, pero me manifestaron que no se podía por un periodo tan corto, que debía ser mensual.

Pensé que estaba bien. Yo pagaría diciembre aunque el servicio fuera por 10 días, el pago lo haría cuando enviaran la factura, la cual me llegó por correo electrónico en enero y vencía el 14 del mismo mes. El 9 de enero del 2019 pagué y recibí la factura electrónica también por correo electrónico.

Dado lo anterior, procedí a eliminar el contrato. ¿Asunto concluido? Pues no. No me enviaron facturas de enero ni de febrero, pero el 29 de marzo recibí un cobro acumulado de tres meses.

En la oficina de Claro pregunté qué pasaba y respondieron que era un contrato mensual y yo debía ir a retirarlo, lo cual no me especificaron al firmar.

Me están cobrando un servicio del cual no existe un documento que demuestre una llamada, ni los minutos, ni el costo y tampoco el uso de Internet sin Fronteras. Entonces, ¿qué me están cobrando?

Cuando informé de que la factura no la pagaría, fui amenazada de que si no lo hacía “en el futuro no podría firmar ningún contrato con ninguna otra empresa”.

Terminé en el banco pagando lo que no utilicé. Espero la factura electrónica para no manchar mi reputación crediticia. Me pregunto, ¿sabrán las autoridades de telecomunicación de esta situación?

Elizabeth Chinchilla Fonseca, San José

Voz experta

Soy ingeniero mecánico y veo con preocupación el interés de introducir la gasolina con 8 % de etanol (ECO95) para sustituir la súper ordinaria. El cambio no solo tendrá como consecuencia la disminución en el rendimiento (menos kilómetros por galón), sino que, además, obligará a los propietarios de los vehículos a efectuar un mantenimiento cada vez más frecuente en sellos, empaques, mangueras y filtros de aire.

Considero una irresponsabilidad del gobierno el cambio en la oferta de combustibles a la población con apenas dos meses de tiempo y sin haber tomado medidas.

Los costarricenses tenemos derecho a elegir entre gasolina con etanol y sin etanol. Es mejor que las expendedoras de combustible sigan ofreciendo la Plus 91 y la Súper 95 mientras instalan una máquina exclusiva para la ECO95. Pero, según mi criterio, la ECO95 es apta solo para autos híbridos porque emiten menos CO2 y gastan menos gasolina que otros vehículos

Jorge Eduardo Vargas Herrera, Palmares

Fracaso seguro

Recope se hará cargo de los biocombustibles. Sin ninguna duda, será un fracaso más para la empresa porque los costos operativos que tiene impiden que sea competitiva. El gobierno, en lugar de ver cómo elimina el monopolio, le abre las puertas para que expanda sus tentáculos. Me preguntó qué pasó con el movimiento No Más Recope.

Henry Martínez Gallo, San José

Contra aeropuerto

Se comenta sobre la necesaria impostergabilidad de construir un nuevo aeropuerto en el cantón de Orotina (La Nación 1/4/2019), artículo firmado por unos señores que tratan de justificar, cosa que resulta loable, que en apariencia tienen conocimiento en aeronáutica.

Por su pequeño territorio, de momento no es tan necesaria en Costa Rica otra terminal aérea como ya lo dijo el ministro de Transportes.

Desde su inicio, la obra generaría más endeudamiento y afectaría las escuálidas finanzas públicas. A contrario sensu, resultaría más ventajoso, y hasta más barato, remodelar el aeropuerto de Puntarenas mediante inversión costarricense. Tendría un efecto directo en el empleo y el turismo por su cercanía a parques nacionales y playas, negocio que le hace mucha falta a la provincia.

Como sucede siempre en nuestro querido país, ha faltado visión. Considero que lo más económico, por el momento, sería recurrir a las expropiaciones y ampliar la pista sin tanto trámite burocrático.

Arturo Alvarado Moya, San Rafael Arriba de Desamparados