Doña Laura Chinchilla, durante su cadena de radio y televisión sobre la Caja, nos indicó que había siete enfermedades que afectan a menos del 1% de la población, pero que consumen el 25% del presupuesto total de medicamentos de la Caja. Sin embargo, no nos dijo por qué se da esto ni qué va a hacer. Quisiera sugerir una medida que está en la cancha del Poder Ejecutivo y que puede ahorrarle decenas de millones de dólares a la Caja en la compra de medicamentos en el futuro cercano.
Existen dos tipos de medicamentos en el arsenal de la medicina contemporánea: los medicamentos químicos y los biológicos. El primero consiste en medicamentos a base de pequeños compuestos químicos. Ejemplos son la aspirina, acetaminofén y otros medicamentos que normalmente se toman por la vía oral en forma de tabletas. Estos son producidos en plantas químicas y luego formuladas en forma de tabletas.
Algunos existen desde hace más de cien años. El segundo tipo son los medicamentos biotecnológicos, a base de proteínas. Estas medicinas son fabricadas por la industria biotecnológica usando células como fábricas. Como la tecnología para esto no se desarrolló hasta la década de los 1980, la industria biotecnológica moderna no nació hasta entonces.
Costos excesivos. Se han desarrollado medicamentos biológicos para el cáncer, enfermedades metabólicas y todo tipo de padecimientos, usualmente crónicos. Lo llamativo de estos medicamentos es su precio. Muchos no bajan de un costo de $50.000 por paciente por año o por ciclo de tratamiento. Algunos llegan a costar más de $200.000 por paciente por año, y los pacientes se los tienen que tomar toda la vida. Los medicamentos biotecnológicos ya representan más del 13% del presupuesto de medicamentos de la Caja, a pesar de que se compran pocas dosis. El alto precio pagado por la Caja se debe a que, prácticamente, todos se venden bajo condiciones de monopolio ya que no existe un reglamento para poder registrar un medicamento biológico genérico, llamados biosimilares.
La falta de este reglamento, responsabilidad del Ministerio de Salud, provoca los altos costos ya que la única manera de bajarlos es con la competencia de medicamentos genéricos. Se vencen las patentes, pero no entran genéricos al mercado. Cuando salieron los medicamentos antirretrovirales para pacientes de sida, convirtieron una sentencia de muerte en una enfermedad crónica. Sin embargo, su alto costo generó temor de que el presupuesto de medicamentos no sería sostenible, lo cual puso a la prueba lo que significa “derecho constitucional a la salud”, independientemente del costo. En ese caso, los genéricos de estos medicamentos químicos resolvieron el problema al reducir el costo en más del 90%, haciendo la cobertura de todos los pacientes sostenible.
El derecho constitucional a la salud está a prueba de nuevo, por avances tecnológicos que no han sido acompañados por avances regulatorios. El reglamento para poder registrar biosimilares es una discusión técnica sobre cómo definir la “similaridad” entre medicamentos biotecnológicos, pero se debe orientar a lograr el balance entre el beneficio a la sociedad de reducir el costo vía la competencia y el aseguramiento de la calidad de los biosimilares.
Ya existe un fuerte lobby de grandes corporaciones farmacéuticas para que no exista un mecanismo ágil para registrar un biosimilar. Hay millones en juego. Nos dirán que se deben repetir todos los estudios para asegurar la calidad, por lo cual no es posible crear un mecanismo abreviado y seguro. Lo mismo dijeron en su momento de la posibilidad de registrar genéricos de medicamentos químicos.
Gracias a esos genéricos, el presupuesto de medicamentos de la Caja es aproximadamente de $200 millones, y no de más de $1.000 millones, y todavía se puede garantizar el acceso a la población a todos los medicamentos necesarios.
Los indicadores de salud de Costa Rica hablan por sí solos. Es tiempo de ser innovadores y tomar medidas concretas para beneficiar al país.