Ángela Ávalos R. aavalos@nacion.com El papá de María Isabel Salazar es un señor de 84 años con enfermedad renal, a quien un hospital de la Caja le programó el ultrasonido de riñón para el 2021.
No. No es broma. La referencia existe. Como también está la de la mamá de Raquel Robles, una señora de 70 años, cuyo examen “urgente” de hígado y páncreas está para el 2023.
En una institución como la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) –creada hace 75 años para proteger a los trabajadores más pobres–, las listas de espera son el rostro más visible de una crisis de calidad y oportunidad en la atención, que los asegurados resienten todos los días.
La CCSS fue creada por ley el 1 de noviembre de 1941. Desde entonces, ha contribuido a la reducción sostenida de la mortalidad infantil (7,7 muertes por cada mil nacidos vivos en el 2015), al aumento en la expectativa de vida de la población (casi 80 años) y al crecimiento de la cobertura de servicios de salud a escala nacional con tratamientos de primer mundo en un país con recursos escasos.
Son 75 años de significativos aportes, pero también de enormes desafíos que pasan por capítulos oscuros escritos en las últimas dos décadas de historia.
Destacan hechos que nunca se borrarán de la memoria nacional: la sobreirradiación de 115 enfermos de cáncer en 1996, el incendio del Hospital Calderón Guardia (12 de julio del 2005), y el escándalo CCSS-Fischel que explotó en el 2004 y sacudió a todo el país con una ola de escándalos donde intervinieron políticos, funcionarios de la Caja y empresarios.
Los números, en los que ni la misma institución tiene suficiente confianza, no dejan de crecer, y lo están haciendo a un ritmo de al menos 15.000 pacientes por mes, informó Manuel Navarro, actual coordinador de la Unidad Técnica de Listas de Espera (UTLE).
Las quejas de María Isabel Salazar y Raquel Robles sobre los largos plazos de espera que deben enfrentar sus progenitores no son las únicas, y probablemente no serán tampoco las últimas.
La gerenta médica de la Caja, María Eugenia Villalta, garantiza que están haciendo los esfuerzos necesarios para que ya no existan más casos de citas, operaciones o procedimientos diagnósticos programados a plazos que, incluso, superan los cinco años.
Flor Lizano Esquivel tiene cita para ultrasonido de mamas para el 2020.
A Rocío Cárdenas el médico le envió una biopsia urgente de mama el 17 de diciembre del 2015. Le dieron la cita para el 14 de febrero del 2017.
Los registros –muchos aún en papel– de enfermos en espera de cirugía, examen o cita, superan los tres meses y alcanzan hasta los seis años; incluso, más.
El año pasado, la institución sufrió un remezón cuando la exjefa de Cardiología del Hospital México, Sofía Bogantes, reveló una lista de más de un centenar de fallecidos en espera de cateterismo. Llevaban esperando desde el 2009 por el procedimiento.
Los últimos datos, a febrero, revelaban que hay 153.000 personas en espera. Esa cifra no incluye citas con especialistas ni exámenes como ultrasonidos, que en otros años rebasaron los 300.000.
La causa está en los problemas de gestión de los servicios hospitalarios, clínicas y Ebáis que crean cuellos de botella desde el nivel más básico de atención hasta el más complejo.
Especialidades médicas, entre ellas, las famosas ‘O’ (ortopedia, oftalmología, otorrinolaringología), están en los primeros lugares en la lista de pendientes que manejan todos los hospitales del país.
Rezago. En la mayoría de los 29 hospitales, por ejemplo, no hay expediente electrónico ni agendas digitales que faciliten el control de la producción y el uso de espacios como quirófanos.
La entidad tampoco tiene certeza de cuánto es el personal que requiere para dar abasto con una demanda creciente en número y complejidad. Sus autoridades, además, han admitido el rezago en infraestructura y equipo.
Esto sucede en una institución sumamente grande, que maneja presupuestos anuales superiores a los ¢3,2 billones, responsable de atender los riesgos de enfermedad y maternidad para el 100% de la población.
Solo un 5% acude frecuentemente a la medicina privada, según el Colegio de Médicos y Cirujanos.
La Caja, anualmente, da más de 14 millones de consultas, despacha 80 millones de recetas para medicinas y realiza unas 200.000 operaciones, incluidos 188 trasplantes de órganos.
“Al final, son barreras de accesibilidad que están afectando a los más pobres”, advirtió Montserrat Solano Carboni, defensora de los Habitantes.
“Seríamos mezquinos si dijéramos que es un sistema fracasado. Que es un sistema que hay que volver a afinar, sí, traer a la realidad actual, yo creo que sí. Hay que ajustarlo a la realidad actual, y esto es clave. Pero no podemos negar que la CCSS también hace esfuerzos importantes para asegurar la accesibilidad”, agregó Solano.
No deja de tener razón la defensora. La CCSS ha sido reconocida, incluso a nivel regional, como una de las instituciones más complejas. Tanto, que su presupuesto supera el de algunos países centroamericanos.
Su nivel de producción es gigantesco. Internamente, se comenta que es una gran industria que tiene prácticamente todo tipo de profesional en su planilla de 52.000 funcionarios, superada solo por la del Ministerio de Educación Pública. Lo único que le falta, dicen quienes trabajan ahí, es un astronauta.
Los mismos asegurados reconocen que Costa Rica sería un país absolutamente diferente si líderes de los años cuarenta del siglo pasado no hubieran tomado la decisión histórica de crear la Caja.
La defendieron en redes sociales, cuando este diario sometió a consulta pública el tema de las listas de espera.
“Alrededor de los hospitales nacionales debería funcionar una red básica para cubrir las necesidades de cirugía ambulatoria y otros procedimientos deberían hacerse en las clínicas periféricas, para descongestionar y garantizar una buena atención a la gente”, recomendó Mauricio Vargas Fuentes, director de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Costa Rica (UCR).
“Hay un tema crucial que el país tiene que entender: que es un seguro público, que no se les puede garantizar todo a todos. Tenemos que empezar a discutir el tema del alcance, hasta dónde debe llegar el seguro social”.
Mauricio Vargas, director Escuela de Salud Pública, UCR
Poco impacto. En las últimas dos décadas, la Caja ha invertido presupuestos multimillonarios en intentos fallidos por facilitar el acceso a los servicios; desde planes de cirugía vespertina y ambulatoria, hasta proyectos estrella para sacar equis cantidad de intervenciones en un tiempo determinado.
La UTLE, creada en el 2001, administró en sus inicios presupuestos anuales superiores a los ¢7.000 millones.
A finales de 1997, hubo un gerente de listas, cuya vida fue tan efímera que acabó con el cambio de gobierno, al año siguiente.
“Yo no aceptaría decir que la Caja está sentada esperando que le resuelvan las listas porque tenemos varios proyectos que evidencian que estamos buscando la solución. Estamos preocupados y queremos ser oportunos”.
Ma. Eugenia Villalta, gerenta médica, CCSS
“En un momento, llegamos a tener un cúmulo de pacientes retrasados a través de los años. Queremos ser oportunos”, admitió María Eugenia Villalta Bonilla, actual gerenta médica.
“Nos hemos dedicado mucho a gestionar la lista de espera quirúrgica porque es la que más impacto tiene. Si bien la CCSS ha trabajado con diferentes opciones yo no podría decir que no ha tenido éxito porque se han atendido pacientes en la lista. Obviamente, entiendo que el éxito para la población es tener a todos atendidos al día”, dijo Villalta.
Los problemas de gestión en los que ha caído la Caja en las últimas décadas le han impedido tener lo básico: sistemas automatizados –entre ellos, el expediente digital– para llevar un control real de esos números.
Actualmente, intenta desarrollar el Expediente Digital Único en Salud (EDUS), para el primer nivel de atención (Ebáis), y un módulo quirúrgico, llamado ARCA, para los hospitales.
Porque sí: muchos de los líos de la CCSS se resolverían con el uso de la tecnología.
Hazel Díaz Meléndez, directora de Control de Gestión en la Defensoría, ve dentro de la CCSS un pulso. Según ella, se pretende vender el producto (expediente digital) para hacer los procesos más transparentes, pero esto ha generado resistencia porque implica control.
“Se avanza, pero hay que empujar muy fuertemente porque cada vez le va a salir más resistencias conforme se vaya subiendo información. Estamos hablando que, de una u otra forma, se eliminan esas posibilidades de manipulación tan grandes que existen en este momento”, agregó Díaz.
“Hay problemas de gobernanza en la institución. Se han querido mover cosas, pero siempre hay barreras, sobre todo en los mandos medios”, advirtió Solano.
