El exceso de trámites encarece hasta en ¢3 millones los costos de las casas de interés social, sujetas al financiamiento del bono que entrega el Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi).
Así lo concluyó el informe Situación de la vivienda y desarrollo urbano 2014, que presentó este martes la Fundación Promotora de Vivienda (Fuprovi).
La directora ejecutiva de la Fundación, Eloísa Ulibarri, dijo que el estudio detectó proyectos que tardaron hasta cuatro años en concretarse a causa de la cantidad de permisos exigidos.
Asimismo, detalló que el Banhvi se demora hasta un año en resolver si financia o no proyectos que recibe para su estudio, pese a que llegan con el visto bueno de entidades autorizadas.
El gobierno de Luis Guillermo Solís ha entregado, a la fecha, 13.568 bonos de vivienda.
Según el estudio de Fuprovi, el 2014 fue un buen año para la construcción de casas, debido a factores como las bajas tasas de interés.
Impacto en precio. Ulibarri dijo que el precio de la vivienda social es, en promedio, ¢20 millones.
El estudio halló que, de ese total, ¢1,5 millones corresponden al costo de los trámites (tiempo laborado, kilometraje y precio de los estudios que debe pagar el desarrollador) si se trata de una casa que va a construirse mediante el “adelanto de subsidio”.
En caso de que la vivienda vaya a levantarse bajo la modalidad “llave en mano”, el peso del costo directo de los trámites en el precio final es de ¢3 millones.
“El impacto es altísimo, de entre un 7,5% y un 15% del precio, dependiendo de la modalidad. Eso significa que la vivienda social se está encareciendo por trámites”, aseveró.
Ulibarri recalcó que uno de los aspectos que alarga el proceso de construcción de vivienda social es la duplicación de funciones y procesos en el Banhvi.
“ Una entidad autorizada dura dos meses para aprobar un proyecto, pero, al enviarlo al Banhvi, este tarda entre ocho meses y un año para tramitar el subsidio, porque empieza la revisión desde cero. Hay una confusión de roles”, afirmó.
Según la representante, la demora constituye una violación a la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos.
Respecto al estudio, el ministro de Vivienda y Asentamientos Humanos (Mivah), Rosendo Pujol, cuestionó el cálculo del costo de los trámites en el precio final.
Pujol calificó como una “exageración” que un proyecto tarde hasta cuatro años en ser una realidad y citó ejemplos de planes aprobados por esta administración que se entregaron cuatro meses después de su visto bueno.
El jerarca agregó que el próximo año se verán los frutos de procesos más ágiles en el sector.
“Estamos haciendo esfuerzos por destrabar proyectos. La gente no reconoce la dificultad que implica el cambio”, reclamó.