Los precarios nuevos aumentaron en la Gran Área Metropolitana (GAM) de 182 a 192 en ocho años, en el lapso del 2005 al 2013.
En ese año, se contaron 384 precarios en todo el país. Una de las causas del incremento es la ausencia de una política estatal para erradicar tales asentamientos, concluyó el informe Diagnóstico y Propuesta de Atención de Precarios.
El estudio lo presentaron, en el 2014, la Cámara Costarricense de la Construcción (CCC), la Asociación Centroamericana para la Vivienda (Acenvi) y Finnanvivienda.
Eloísa Ulibarri, directora ejecutiva de la Fundación Promotora de Vivienda (Fuprovi), que participó en el estudio, cree que a la fecha, todavía no se asoma un plan integral que permita erradicar los precarios.
“Los gobiernos lo que han hecho es reubicar familias, pero no atienden el asentamiento en sitio, por lo que rápido se vuelve a llenar de familias, pues no hay un plan ni posibilidades para retomar esos terrenos”, explicó.
Con respecto al gobierno actual, Ulibarri dijo que el sector vivienda no conoce a fondo cuál es la hoja de ruta en este tema.
“No hay un documento, algo, donde se explique cómo van a atender los precarios, quiénes y cómo lo van a hacer”, sostuvo.
Miguel Gutiérrez Saxe, investigador del programa Estado de la Nación, coincidió en que el país carece de un plan integral para atender los precarios.
Pero, además, señaló que las soluciones que los gobiernos aplicaron durante los años ochenta fueron peores que el problema, pues ideas como la creación de Los Guido, en Desamparados; Los Cuadros, en Purral, y Rincón Grande, en Pavas, más bien hacinaron a las familias.
“La solución es una política de erradicación que no fomente la toma de más terrenos y eso se logra eliminando el bono gratuito de vivienda. La gente debe aportar algo, un esfuerzo importante, para tener casa”, comentó.
Atención parcial. Rosendo Pujol, jerarca del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (Mivah), ve limitados los instrumentos para eliminar precarios, pues el Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi) solo dispone de 9.600 bonos para familias pobres.
Por esto, solo ofrece una solución parcial al problema, que consiste en atender aquellos precarios que estén en riesgo de sufrir una emergencia por desastre natural y a las 54.600 familias en extrema pobreza que escoge el gobierno para incluirlas en el programa Puente al Desarrollo.
Pujol informó de que negocia con varias instituciones públicas y ministerios para que donen terrenos dentro de la GAM donde se pueda trasladar a familias que viven en precarios.
De esa forma, dijo, habría más recursos disponibles para la construcción de casas de interés social.