Mientras concretan la solución permanente, el Gobierno prometió ayer prestarles casa a 51 familias de calle Lajas, en Escazú, afectadas por un deslizamiento, hace cuatro años.
A ellas se les aplicará la figura del comodato, que consiste en facilitarles el inmueble, mientras se resuelven una serie de trámites para entregarles los títulos de propiedad.
Todos son sobrevivientes de la tragedia ocurrida la madrugada del 4 de noviembre del 2010, cuando un deslizamiento en la cima del cerro Pico Blanco cobró la vida de 24 personas.
Tres años más tarde, durante la administración de Laura Chinchilla, comenzó la construcción del proyecto habitacional, con la promesa de otorgar las casas 16 meses después.
No obstante, según Rosendo Pujol, ministro de Vivienda del nuevo gobierno, existen una serie de trámites que han retrasado la entrega.
Uno de estos era la exoneración del requisito de red telefónica que exige el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) para cualquier proyecto.
Conseguido ese objetivo, ya fue trasladado al Instituto de Vivienda y Urbanismo (INVU) el documento que permite conocer al futuro dueño de cada lote (mosaico catastral).
Cuando se apruebe la gestión, se hará el trámite en el Registro Nacional, se fraccionará la propiedad y se le dará vivienda a cada familia.
Según el plan, cada grupo familiar recibirá una casa de concreto de 42,85 metros cuadrados, con dos dormitorios, baño, corredor, área para pilas y un aposento continuo que abarcará sala, comedor y cocina.
También está previsto el espacio de cochera para un vehículo, además de que la construcción tiene capacidad para resistir una segunda planta.
El anuncio. “El cumplimiento de uno de estos requisitos es la razón por la que no se había logrado completar el proceso para que las familias pudieran recibir sus viviendas. El Mivah (Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos) coordinó el resto de instituciones involucradas, desde dos dinámicas diferentes: una solución temporal (comodato) y la definitiva”, explicó el Pujol.
En esas condiciones se echará mano de la modalidad de comodato que posee el Sistema Financiero Nacional para la Vivienda.
Este anuncio lo hizo ayer la Presidencia de la República mediante un comunicado.
La información se difundió horas después de que los afectados bloquearan las vías en el cruce de San Rafael de Escazú.
El proyecto para los afectados de calle Lajas tiene un costo de ¢1.792 millones y fue financiado por el Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi).
Para explicar los pasos por seguir, Vivienda convocó a los líderes comunales a una reunión, el miércoles 11 de febrero.