Pagos pendientes por un televisor, una línea telefónica o una tarjeta de crédito son algunas de las principales razones por las cuales a una familia de escasos recursos se le limita un crédito para adquirir casa.
Este es uno de los hallazgos del informe Situación de la Vivienda y Desarrollo Urbano 2015, elaborado por la Fundación Promotora de Vivienda (Fuprovi), el cual fue presentado este miércoles.
El estudio analizó el monto máximo de crédito al que pueden acceder los hogares con ingresos mensuales entre los ¢374.300 y los ¢748.700 –estratos del 1.5 al 3 según las categorías del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda–.
Las recursos financieros de tal población se consideran bajos pero aún así sobrepasan el límite para ser beneficiarios de ayudas del Estado.
Para la investigación, Fuprovi asumió un interés del 10% y 30 años plazo para cancelar.
Así, el estudio determinó que, prácticamente, el financiamiento se reduce en el mismo porcentaje del endeudamiento que tenga la familia.
“Si se tienen deudas de un 30% de los ingresos, las posibilidades de financiamiento se reducen un 30%”, explicó el investigador Franklin Solano.
Por ejemplo, una familia con ingresos mensuales de ¢374.351 y sin ninguna deuda podría obtener ¢11.4 millones, pero con un 10% de sus ingresos comprometidos por el pago de deudas, el monto del préstamo se reduce a 10.3 millones; con un 30% de deuda baja a ¢8 millones. Esto debido a que el cálculo de la capacidad de endeudamiento se hace sobre los recursos que quedan disponibles al final.
“Cambiar eso no es fácil. Significa educar a las familias y trabajar estratégicamente con ellas. Decirles que si quieren una casa, necesitan tener algunas pautas de consumo controlado y ojalá un nivel de ahorro”, comentó Solano.
Solano calificó la situación como “común”, sin embargo, reconoció que no existen datos certeros sobre el fenómeno, sino que se ha identificado a partir del trabajo con las familias y de consultas a entidades bancarias.
Rosendo Pujol, ministro de Vivienda, cuestionó que la Fundación haya hecho su estimación a partir de una tasa de interés del 10%, pues considera que muchas entidades financieras otorgan condiciones más favorables, inclusive de 7,5%.
No obstante, sí reconoció el endeudamiento de los hogares en pobreza como un problema real.
La Nación intentó conocer la experiencia al respecto del Banco de Costa Rica (BCR) y el Banco Nacional (BN), cuyos voceros indicaron no tener datos específicos para referirse a la observación de Fuprovi. Al cierre de esta edición, no se había obtenido respuesta del Banco Popular.
Complemento. Las familias ubicadas entre los estratos 1.5 y 3 pueden optar por un bono estatal que les ayude a costear su casa, como complemento al préstamo.
El tope de la ayuda es de ¢6,5 millones, y se reduce gradualmente hasta un máximo de ¢3,2 millones para quienes tienen mayores ingresos.
El cálculo de la ayuda, a diferencia del crédito, no toma en cuenta las deudas contraídas, sino los ingresos brutos. Por ejemplo, si una familia tiene ingresos por ¢500.000 al mes, el subsidio se le calculará con base en ese monto y no sobre la disponibilidad real, que puede ser de ¢300.000 luego de que el hogar enfrente sus compromisos económicos.
Solano cuestiona que el bono y el crédito se calculen sobre ingresos distintos, ya que al final se le otorga al cliente el monto más bajo, lo cual limita sus opciones de adquirir vivienda.
Tanto Pujol como Solano coincidieron en que, para minimizar este fenómeno, es necesario que la población adquiera una mejor educación financiera.
El jerarca también señaló la necesidad de optar por casas más baratas, o apostar a construir por etapas, de modo que la oferta se acomode a las posibilidades de las familias.
“El tema es que las casas tienen que bajar de precio (...). Las empresas están vendiendo acabados que la gente no puede pagar” , afirmó Pujol.