Un 25% de los beneficiarios de casas de interés social construidas mediante bono de vivienda, realizaron ampliaciones adicionales a las tramitadas en algunos casos de hasta el doble de lo otorgado.
Ese fue el principal hallazgo dado a conocer este viernes en el décimo informe de Evaluación de Vivienda de Interés Social, realizado por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA).
Olman Vargas, director ejecutivo del CFIA, advirtió de que este resultado podría considerarse como un indicador de que se le brindó la ayuda a personas que “probablemente no estaban necesitando la asignación del bono”.
“¿Y cuál es el problema? Que es en detrimento de gente que sí necesitaba el bono y no se le asignó”, agregó Vargas.
El ingeniero también apuntó al hecho de que el porcentaje de casas que aumentaron de tamaño, es mucho mayor al que habían encontrado en otras auditorías, cuando no superaba el 10%.
Además, aseguró que las ampliaciones que encontraron ni siquiera fueron tramitadas ante el Colegio.
De acuerdo con el informe, de las 235 casas inspeccionadas, se encontraron 28 viviendas con áreas de construcción de hasta 80 metros cuadrados (m²), 17 con entre 81 m² y 90 m², 12 de hasta 100 m², siete de hasta 120 m² y cinco de entre 121 y 160 m².
El tamaño de las viviendas que se financian mediante bonos son en su mayoría de 40 o 50 (m²), por lo que, en algunos casos se triplicó el tamaño.
La auditoría realizada por el Colegio de Ingenieros se efectuó a viviendas individuales tramitadas entre el 2014 y 2016 a un total de 7.712 familias. En este caso, la muestra fue de 268 casos de los cuales solo se tuvo acceso a la inspección de las 235 citadas.
La ministra de Vivienda, Irene Campos, aseguró que en relación con este tema prefiere no generalizar y estudiarlo con prudencia.
“Hay que revisar caso por caso para ver qué es lo que está pasando, si es o no engaño, qué fue lo que pasó entre el momento que se le otorgó el bono y el tiempo después, sin duda es una alarma que se prende, pero hay que ser prudente en la revisión”, dijo Campos.
La jerarca, además dijo que los beneficiarios de estas ayudas son familias con ingresos de hasta ¢1,5 millones, que brindan aportes como lotes o créditos.
Entre sus recomendaciones, el CFIA sugirió revisar los controles para la asignación de los bonos y ver la posibilidad de que se dé seguimiento después de que se entrega la vivienda en su condición original, sin embargo esta última recomendación no es factible, desde el punto de vista de la ministra.
“Un tema que en cierta forma se escapa a cualquier gobierno de la república, es un tema de la ética ciudadana, porque al final aquí hay dos cosas muy importantes, un gobierno que ayuda y un ciudadano que miente si es que se diese (...) suponiendo que sea así estaríamos en un caso de ética, no es un tema que se resuelve con seguimiento”, dijo Campos.
La jerarca aseguró que el Sistema Nacional de Registro Único de Beneficiarios (Sinirube) que está próximo a ponerse en funcionamiento en el Ministerio de Vivienda, será de ayuda para filtrar esa problemática donde los beneficiarios “esconden” ingresos.
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Para el 2018, el déficit de casas en Costa Rica era de 802.021 casas, según el estudio que realiza la Fundación Promotora de la Vivienda (Fuprovi).
De acuerdo con el informe, el 51% de las viviendas del país requerían mejoras en piso, paredes o techo.