Un tribunal de trabajo dejó en firme, este mediodía, la declaratoria de la ilegalidad de la huelga de los empleados de los puertos de Limón. Así lo confirmaron la presidenta de Japdeva, Ann McKinley, y el gerente de la entidad, Pablo Díaz.
Esa declaración de ilegalidad implica que, a partir de su firmeza, los trabajadores de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) tienen 48 horas para regresar a sus puestos de trabajo.
Sin embargo, McKinley explicó que la resolución del juez no tiene ningún efecto práctico, pues los trabajadores de los muelles regresaron a sus labores desde las 6 a. m. de esta mañana.
Adicionalmente, en el acuerdo alcanzado la noche del miércoles, entre el Gobierno de la República y el Sindicato de los Trabajadores de Japdeva (Sintrajap) para buscarle una solución al conflicto, se establece Japdeva no aplicará sanciones a los huelguistas.
El movimiento de los sindicalistas en contra del contrato para que la empresa APM Terminals opere una terminal de contenedores, en Moín, se inició el 22 de octubre y se prolongó durante dos semanas.
La jerarca de la autoridad portuaria insistió en que las sanciones no pueden ser retroactivas y en que Sintrajap sí cumplió hoy con el acuerdo de hacer un llamado a los trabajadores para retomar sus labores.
"Ya los puertos están funcionando al ciento por ciento", dijo McKinley.
El viernes pasado, trascendió que el Juzgado de Trabajo de Limón declaró la huelga ilegal porque recaía en un servicio público que no se puede paralizar o suspender por un movimiento laboral.
El Juzgado se basó en el artículo 61 de la Constitución Política que dice: "Se reconoce el derecho (…) de los trabajadores a la huelga, salvo los servicios públicos".
"Resulta clara la imposibilidad de realizar una huelga de este tipo en dicho servicio, dada su naturaleza y el impacto social que conlleva, pues la suspensión de estas labores podría causar grave daño a la economía del país, a las personas y bienes en general, en tanto paralizan las importaciones y exportaciones de productos necesarios para la economía diaria y comercio de gran parte del país", apuntó el fallo.
Sintrajap presentó una apelación el lunes y, ahora, un tribunal confirmó la sentencia inicial.
Denuncia.
No obstante, a raíz del acuerdo entre el Gobierno y el Sintrajap, el diputado del Movimiento Libertario, Otto Guevara, anunció que informará a la Fiscalía General de la República sobre la posible comisión de un delito, al pagarle a los trabajadores el salario por los 14 días que no laboraron.
Esa denuncia se enfoca en la presidenta ejecutiva de Japdeva, Ann McKinley, y en otras personas que hayan avalado la decisión de pagarles a los huelguistas el salario por los días que no trabajaron.
Guevara apuntó que se podría estar ante el incumplimiento de deberes de parte de la jerarca portuaria y ante un eventual enriquecimiento ilícito de parte de los empleados muelleros.