Un control salarial que limite las diferencias existentes entre los burócratas y mecanismos para premiar la eficiencia forman parte de los acuerdos de una comisión bipartita en torno al proyecto de ley de empleo público.
Los alcances de la negociación colectiva de los empleados con cada institución y una eventual legalización de la huelga son los puntos conflictivos.
Sin embargo, tan polémico como esos temas será el proyecto de ley en su totalidad. Tanto así, que el mismo Gobierno anticipa el polvorín que se desatará una vez que sea enviado al Congreso y para eso espera que se presente el mejor momento.
Eso sí, será este año cuando la iniciativa llegará a la corriente legislativa.
Tal es el balance realizado por La Nación a raíz de una serie de consultas entre miembros del Consejo de Gobierno, algunos de los cuales hicieron comentarios sin brindar declaraciones formales pues aseguran que el tema es demasiado conflictivo y hay que tener cuidado de lo que se revela.
También se consultó a miembros de la comisión que elabora el plan y a otros ligados al proyecto enviado a la Asamblea en abril de 1994 por la administración de Rafael Angel Calderón.
Punto de partida
Para el ministro de Trabajo, Farid Ayales, el punto de partida del plan en elaboración debe ser eliminar las injusticias para algunos trabajadores y los beneficios exagerados de otros pues esto desemboca en que empleados que hacen lo mismo pero en distintas dependencias, tengan salarios muy diferentes.
Estas diferencias van desde ¢30.000 hasta ¢210.000 al mes, según informes dados a conocer ayer por La Nación.
La imposibilidad de controlar el crecimiento de la planilla es otra justificación para que el primer comprometido con el plan sea el propio presidente José María Figueres.
Tanto el viceministro de Trabajo, Eugenio Solano, como el abogado laboralista Ricardo Vargas --miembros de la comisión--, concuerdan que en el Estado la administración debe fijar las reglas del empleo, independientemente del Código de Trabajo.
Desde ese punto de vista, debe existir una política salarial única, un esquema de incentivos por eficiencia, estabilidad pero no inamovilidad y una jurisdicción del servicio público para dirimir los conflictos. (Cuadro adjunto.)
Sobre estos puntos hay acuerdos en la comisión, integrada también por Carlos Lachner, Víctor Morales, Rodolfo Piza Rocafort --delegados del Partido Unidad Social Cristiana-- así como por Fernando Vargas, Ricardo Vargas y el viceministro Solano por parte del Gobierno. Se trató de conversar con Piza, pero ha estado fuera del país en los últimos días.
La iniciativa procurará también respetar los derechos adquiridos por los trabajadores.
Los esquemas de reclutamiento, selección de personal, ascensos, valoración de puestos, escalas salariales y otros serán definidos en el reglamento de la ley. Esa labor la puede asumir la dirección de Servicio Civil.
Otra posibilidad manejada por la comisión es eliminar esta dirección y que sean los departamentos de personal y recursos humanos de cada dependencia pública los que definan esas áreas.
Juan Manuel Otarola, director del Servicio Civil y miembro de la comisión que elaboró el proyecto del gobierno de Calderón, afirma que esa institución o una secretaría de la función pública debe ser el órgano técnico de la Comisión de Negociación Colectiva.
"La Contraloría de la República ve lo financiero. Debe también haber una contraloría de los recursos humanos", aseguró.
Areas conflictivas
La comisión no ha llegado a acuerdos acerca del tema de la negociación colectiva y se critica la tesis que sobre este punto se esbozó en el proyecto de 1994. Parece existir una inclinación a que instituciones y empleados puedan negociar independientemente condiciones de trabajo, siempre que no impliquen asuntos salariales.
Un as que se tiene guardado --no existe acuerdo para ponerlo sobre la mesa-- es una resolución de la Procuraduría General de la República que establece que las convenciones colectivas no deben prorrogarse. Estas convenciones se amplían o renegocian cada dos años, lo cual, según la Procuraduría, no corresponde.
Otra área conflictiva es la relacionada con la huelga. Si bien actualmente es ilegal, esta se da.
Por eso algunos miembros de la comisión creen que lo mejor es autorizarla pero regulándola para que servicios básicos, como los relacionados con salud y seguridad, no se paralicen.
La iniciativa de la administración Calderón también comparte esta tesis, esgrimida por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Mario Blanco, asesor de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP), aseguró que el proyecto elaborado durante el anterior gobierno no debe descartarse porque es fruto de una negociación y mucho trabajo de coordinación.
Por eso, dijo, es lógico que unos y otros lo critiquen ya que cada cual tuvo que ceder. Blanco participó en su elaboración durante la última etapa.
Criticó el hecho de que la comisión actual no tiene participación sindical y que se maneja en secreto. Reveló además que las organizaciones gremiales han presionado para participar de las reuniones.
Para Blanco, si se envía al Congreso sin discutirlo con los sindicatos, se violará un compromiso del gobierno de Calderón con el comité de libertad sindical de la OIT, y los asalariados no van a estar dispuestos a que tal cosa ocurra.
Por eso también concuerda en que la guerra contra este plan de ley está anunciada desde hace mucho tiempo.
¿Qué se regulará?
La comisión que trabaja en el proyecto de ley de empleo público ha definido algunos alcances de la iniciativa.
Régimen único de empleo público: cubre a ministerios, instituciones descentralizadas y autónomas; se exceptúa a universidades, municipalidades, Tribunal Supremo de Elecciones, Poder Judicial, Poder Legislativo y Contraloría General de la República. Búsqueda de la eficiencia: reconocimiento económico al empleado con trabajo sobresaliente. El sistema de incentivos se establecerá vía reglamento; debe coordinarse con la dependencia respectiva. También se define un esquema de sanciones. Concurso de jefaturas: los puestos máximos de las dependencias se pondrán a concurso cada cierto período. Estabilidad en el empleo: sin confundir con inamovilidad. Jurisdicción del servicio público: instancia judicial para resolver los conflictos entre el Estado y sus empleados. Esquema salarial único:un consejo salarial fijará la política salarial para el régimen creado, en coordinación con la Comisión de Negociación Colectiva. Los esquemas vigentes de anualidades y otros incentivos se eliminan; sin embargo, a quienes tienen ya estos beneficios se les respetarían sus derechos. Falta por precisar el esquema de transición. Comisión de Negociación Colectiva: regula las desavenencias entre las instituciones y sus empleados. Pago de anualidades: las sumas entregadas por antigüedad se aplicarán solo a empleados eficientes y con cierto límite. Otros: esquema de promociones o ascensos, límites al trabajo en horas extraordinarias; se crea un esquema de carrera profesional, la escala de puestos (se define por reglamento), otorgamiento de licencias y permisos, mecanismo para el despido.
Algunos puntos conflictivos que aún no se han resuelto son:
Alcances de las negociaciones colectivas: parece haber bastante coincidencia en la comisión para que cada institución pueda realizar negociaciones con sus empleados, sin que se toquen aspectos económicos. Cualquier acuerdo de tipo económico debe someterse a la Comisión de Negociación Colectiva. Huelga: no hay claridad si se mantiene la ilegalidad de la huelga en el sector público o si se autoriza. En este último caso, se fijarían regulaciones para que no se paralicen servicios básicos como salud y seguridad.
Elaborado con base en información del viceministro de Trabajo, Eugenio Solano, y el abogado laboralista Ricardo Vargas, miembros de la comisión que trabaja en el proyecto. También se consultó el proyecto de la administración Calderón Fournier.