Ronald Segura tiene 24 años de experiencia en reparación de vehículos y, hasta el año anterior, nunca había tenido que tomar medidas tan complicadas para salir con las cuentas.
Su negocio es parte de las 656 empresas nacionales que continúan con suspensiones de contratos o reducciones de jornadas laborales, según datos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).
Dicho número representa un total de 13.241 trabajadores que, luego de 17 meses de pandemia, siguen con sus salarios rebajados (9.327) o sin percibir un solo colón por mes (3.914).
El mecánico comentó que su taller ha ido recuperándose poco a poco, pero que es duro, ya que muchos clientes dejaron de pagarle o algunos le han cancelado facturas atrasadas con mucha lentitud.
“Una situación sumamente difícil la que estamos viviendo, hasta los proveedores han tenido que acomodarse. Nos hemos visto obligados a despedir a ocho compañeros”, dijo el vecino de Jiménez de Pococí, Limón.
Segura agregó que redujo su horario de atención tanto en la mañana como en la tarde y que, por ahora, solo ha logrado mantener a 14 trabajadores de los 22 que tenía inicialmente.
“Entendemos la situación que se está dando, pero no queda de otra que recortar personal y horas laborales, incluso enviar algunos de vacaciones”, agregó.
Marvin Bermúdez es uno de los trabajadores de este taller y parte de las 156.244 personas que han visto su jornada reducida desde el inicio de la pandemia.
Su habilidad para cortar pelo le ayudó a sostenerse económicamente durante el tiempo que le recortaron el salario y hoy agradece continuar con empleo, ya que su vida como migrante no ha sido sencilla en el país.
Cristian Morales, padre de dos menores, es otro de los colaboradores de este negocio y regresó a su puesto a inicios de este año, luego de esperar por varios meses con el contrato suspendido.
Al igual que él, otros 75.360 costarricenses afrontaron esta medida en sus trabajos, la mayoría del sector comercio (42.065), servicios (19.676) y, en tercer lugar, construcción (4.941).
De acuerdo con el MTSS, San José, Alajuela, Heredia y Puntarenas fueron las provincias donde más se aplicó esta disposición, al corte del pasado 9 de agosto.
Sin embargo, el golpe más fuerte fue para el sector turismo, con cerca de 60.000 trabajadores más con contratos suspendidos o jornadas reducidas. Ese número representa a un total de 3.285 empresas nacionales.
El panorama de todas las áreas no parece mejorar, ya que son más los negocios que solicitan prórrogas de las medidas (83%) que los que piden reanudaciones y restituciones de colaboradores (17%).
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‘Mis empleados entienden’
Mario Martínez, de 60 años, es dueño de un puesto de venta de golosinas en el centro del mercado central de Cartago. Él ha sido otro de los patronos que ha tenido que reducir el tiempo laboral de sus empleados.
“Nosotros trabajamos un hijo mío, yo y dos trabajadores particulares. Solo somos cuatro y todos vivimos de lo mismo. En este momento, las ventas no han estado nada bien y aquí, como llueve tanto, ha costado más.
“Para nadie es un secreto que, por más grande que sea la empresa o por más chiquita como la de uno, las ventas siguen bajas. Ahorita andamos a un 70% de lo que vendíamos antes”, dijo el comerciante a La Nación.
El vendedor contó que hay semanas en las que la entrada de dinero les permite trabajar todos los días, pero en otras tiene que decirle a sus empleados que se ausenten un día o hasta dos.
De acuerdo con datos del MTSS, un total de 1.000 empresas cartaginesas han solicitado reducciones de jornadas o suspensiones de contratos en el último año.
Martínez no es parte de ese número porque, aunque intentó formalizar esas medidas, el Ministerio nunca le contestó sus solicitudes.
Sin embargo, eso no lo detuvo a tomar acciones, ya que necesitaba sacar su negocio adelante, ya que lleva 45 años allí; hace 15 años, él tomó las riendas.
“Hay semanas que nos quedamos todos porque, aunque sea duro para mí como patrón, uno comprende que todos comemos y que la situación está muy dura. Hay que valorar al compañero de trabajo”, declaró.
El patrono comentó que sus empleados tienen entre 30 y 40 años, y que los tres son padres de familia, por lo que sabe lo importante que es este trabajo para ellos.
Resaltó que no les ha ido “tan mal”, porque muchos otros colegas han tenido que hasta cerrar sus locales debido al golpe económico generado por las restricciones sanitarias.
Por ahora, señaló, seguirá trabajando con muchas ganas en su negocio, al que le ha dedicado toda su vida.
“Hay un punto muy importante; cuando una persona es ordenada, no va a batallar. Además, mis empleados entienden cómo está la cosa. Nos hacemos un puñito los cuatro y vamos jalando con el barco.
“Lo que a uno le duele es que los chiquiticos como nosotros siempre pagamos todo y los grandes son los que menos pagan, como estas empresas constructoras que fueron descubiertas hace poco”, concluyó.
Falsas expectativas
La abogada laboralista Paola Gutiérrez explicó que existen muchos trabajadores que continúan con estas medidas porque hay empresas que solicitan prórrogas continuamente.
“En abril de este año, el Ministerio de Trabajo hizo una modificación para limitar las razones por las cuales iba a autorizar las prórrogas, pero duró muy poco, porque en mayo volvieron a retomar el reglamento de antes”, dijo.
La profesional indicó que, actualmente, si un patrono demuestra que tiene la necesidad de hacer suspensiones, independientemente de la actividad que se dedique, el MTSS se lo tendría que autorizar.
Sin embargo, destacó que ya ha pasado más de un año de pandemia y que el Ministerio debería ser más riguroso con los análisis de los casos, ya que deja a los trabajadores en una situación muy complicada.
Además, apuntó que las empresas también deben ser realistas con sus posibilidades económicas y no darle falsas expectativas a sus empleados respecto a un posible regreso a las oficinas.
“Si de una planilla de 100 trabajadores, hay 80 trabajando y 20 suspendidos, es momento de analizar si esos 20 tienen que permanecer suspendidos o si ya es momento de decirles que no se van a poder reincorporar.
“Porque si el negocio cambió y el volumen de actividades es menor, hay que hacer algo, ya que durante todo este tiempo esos trabajadores no han recibido salario, pero tampoco la liquidación”, argumentó la abogada.
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Gutiérrez también explicó que, mientras el contrato de trabajo esté suspendido, el trabajador puede dedicarse a realizar otras actividades que le generen ingresos.
En principio, la persona podría prestar servicios en cualquier otra actividad, incluso similar a la que se dedica en su contrato suspendido, y únicamente tendría vigencia la cláusula de exclusividad en casos donde verdaderamente se justifique.
“Porque si se aplica eso, se le estaría diciendo al trabajador que no se le va a pagar, pero también que se le va a limitar que no se pueda desarrollar en otra actividad para la cual tiene experiencia y conocimientos”, agregó.