El Gobierno posee fondos para financiar unas 3.500 solicitudes de movilidad voluntaria y no 4.000, como originalmente había contemplado al anunciar el plan el pasado 25 de abril.
El ministro de Reforma del Estado, Mario Carvajal, informó ayer en Casa Presidencial de que hasta el momento 2.587 empleados públicos solicitaron la supresión voluntaria de sus puestos, según un corte realizado el 31 de mayo.
El Poder Ejecutivo tenía previsto que un fondo de 1.000 millones de colones, aportados por la Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos (AID), rindiera para cancelar los beneficios del Programa de Supresión Voluntaria de Puestos a 4.000 solicitantes.
A los servidores que soliciten el cierre de su plaza se les había ofrecido, además, del pago de prestaciones, el reconocimiento de 4 años de servicio adicionales y el rompimiento del tope de la cesantía hasta los 12 años. Pero el promedio del pago de prestaciones a quienes han pedido la movilidad podría ser superior al previsto --de 1 millón de colones-- y esto repercutiría en la reducción del total de plazas que el Gobierno puede financiar mediante este mecanismo.
Esto fue causado por una mayor proporción de boletas de movilidad provenientes de entidades autónomas, donde las condiciones salariales son superiores.
"Esos son los números que espero tener listos para fines de la semana entrante, para determinar cuántas son las plazas para las cuales tenemos recursos de seguro", manifestó Carvajal
Cuando anunció el plan, hace más de un mes, el titular de Reforma del Estado informó de que, además de los fondos de la AID, había otros 3.000 millones de colones provenientes en partes iguales del Presupuesto de la República, los presupuestos asignados a prestaciones en entidades públicas y del incremento del 8 por ciento en los impuestos a las importaciones.
Metas y realidades
En principio el Ministerio de Reforma del Estado aspiraba a alcanzar la meta de 4.000 movilizaciones durante mayo, pero ahora espera recibir un máximo de 3.500 peticiones al finalizar junio, luego de ampliar por un mes la recepción de las fórmulas. La meta mínima fijada por Carvajal para el recorte de puestos en este programa era 2.000 plazas.
"Espero que los números sean verdaderos y que haya una reducción sana en la planilla", expresó Bernal Aragón, jefe de la fracción legislativa socialcristiana. Aclaró que el Partido Unidad Social-Cristiana efectuará sus propios cálculos para corroborar la veracidad de los datos.
Será difícil que la supresión voluntaria se prolongue más allá de junio, pues no existirían recursos para pagar las movilidades, según Carvajal. Por esa razón, después del 31 de junio es posible que el Gobierno efectúe despidos para completar la meta del recorte de 8.000 plazas durante este año.
Pero los sindicatos se mantienen firmes en su negativa a aceptar remociones forzosas. El dirigente sindical de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP), Fernando Vargas, declaró que si no hay dinero para cancelar movilidades voluntarias sencillamente debe suspenderse la reducción de la planilla estatal.