La efervescencia volvió ayer a los muelles limonenses luego que trabajadores de una de las compañías dedicadas a la carga y descarga paralizaron casi totalmente sus labores; asimismo, el Gobierno amenazó a dos de ellas con retirarles las concesiones que les permiten operar.
Un recorrido realizado ayer en la tarde por La Nación en los muelles de Moín y Limón permitió comprobar que la mayor parte de las actividades se encontraban virtualmente detenidas; solo se observaban pequeños grupos de trabajadores de empresas como Coopeunitrap y Coopeutba en sus funciones. En horas de la noche no era visible ningún movimiento de fuerzas policiales.
La oficina de prensa del Ministerio de Seguridad confirmó, ayer por la tarde, el cese de labores, aunque insistió en que fue temporal. No fue posible obtener ninguna versión de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA).
Según el ministro de Trabajo, Farid Ayales, el malestar de los trabajadores y exempleados se origina en el despido de funcionarios en las empresas Estiba y Cadesa y en la falta de pago de sus derechos laborales.
Ayales aseguró que el Gobierno ha procurado una solución conciliatoria a este conflicto, sin que hasta el momento se hayan obtenido resultados. Agregó que, de persistir esa situación, el Gobierno podría retirar la concesión a ambas empresas "por la forma como han manejado este asunto".
La respuesta no se hizo esperar. Rodrigo Paniagua, gerente de Estiba, manifestó: "No nos quedaremos cruzados de brazos, si nos quieren sacar tendrán que pagarnos daños y perjuicios. 30 años de experiencia no nos los va a quitar Farid Ayales de la noche a la mañana".
Las versiones
Rándall Ruiz, presidente del Consejo de Administración de Coopeunitrap, una de las nuevas empresas estibadoras, narró que el muelle de Moín estuvo casi totalmente paralizado de las 3 p.m. a las 5:00 p.m.; añadió que el cese de labores lo ocasionaron los empleados de Estiba.
Anoche, Paniagua, el gerente de esa firma, dijo, en San José, que desconocía que en la provincia del Caribe se hubieran detenido las actividades por algún malestar con su empresa.
Al parecer, el problema salarial es uno de los puntos más álgidos de la situación que se vive en Limón.
Ayales explicó que, de acuerdo con las determinaciones de JAPDEVA, algunas de las empresas estibadoras comenzaron a cobrar tarifas más bajas por sus servicios, lo que ocasionó malestar en otras, las cuales adujeron que no podían trabajar con costos de operación tan bajos.
Paniagua reconoció esta última aseveración, pero enfatizó que ellos únicamente han despedido a los empleados de las empresas laborales que constituyeron los sindicatos limonenses, siguiendo reglas de jurisprudencia. Añadió que las demás empresas pueden operar porque pagan salarios "hasta 400 por ciento más bajos que los nuestros".
Pero esto fue refutado tajantemente por Ruiz, de Coopeunitrap, quien aclaró que la entidad a la que pertenece es una cooperativa que distribuye la utilidades entre sus miembros.
Requisitos
El siguiente es un recuento de los principales hechos ocurridos en los últimos meses en torno al proceso de carga y descarga en los muelles limonenses.
23 de junio: El MOPT y JAPDEVA anuncian que el negocio de las estibadoras en los muelles limonenses será abierto a la participación de nuevas compañías, adicionales a las tres existentes al momento.
6 de octubre: El Ministerio de Trabajo asegura que investiga denuncias formuladas por sindicatos limonenses contra la empresa Estiba por supuesto incumplimiento de la convención colectiva y persecución sindical.22 de agosto: JAPDEVA autoriza temporalmente -hasta diciembre- la participación de siete empresas en la actividad de carga y descarga en los muelles limonenses.
25 de agosto: Los sindicatos limonenses anuncian su temor de que la apertura en el negocio de la estiba genere mayor desempleo.
7 de setiembre: Procatsa y Coopeunitrap, dos de las nuevas empresas estibadoras autorizadas, denuncian a JAPDEVA por supuesto entorpecimiento para iniciar faenas en los muelles.
28 de setiembre: La Contraloría General de la República ordena a JAPDEVA que admita sin dilaciones la operación de las nuevas cinco empresas autorizadas a trabajar en la estiba.
30 de setiembre: La relación entre trabajadores y empresas de la estiba se deteriora por el despido de algunos empleados y la eliminación de beneficios a otros de los operarios.
4 de octubre: Inician operaciones las cinco nuevas empresas estibadoras autorizadas por JAPDEVA.