Fueron cinco días de caminatas para recorrer los 370 kilómetros que hay desde la frontera sur hasta San José. Jornadas en las que niños, jóvenes, personas de la tercera edad e, incluso, ciudadanos con discapacidades físicas marcharon juntos.
A estos 60 caminantes que llegaron el lunes a la capital, se les unieron ayer otros 300 que viajaron en bus para pedirle a los diputados aprobar una ley que les conceda títulos de propiedad sobre las tierras en las cuales tienen su casa.
Todos ellos viven en la llamada “milla fronteriza”, una zona de dos kilómetros de ancho, a lo largo de toda la frontera con Panamá.
Ese territorio, por ley, se considera inalienable y por ello, estos vecinos no tienen títulos de propiedad. El problema para ellos data de hace 128 años, pues así está regido desde 1885 por diferentes leyes que califican esa zona como básica para proteger la soberanía nacional.
La Sala Constitucional, la Procuraduría y la Contraloría de la República han emitido criterios en contra ceder ese territorio. El sustento principal: seguridad nacional por tratarse de fronteras.
Caras. El plan de ley dice que aquellos que “acrediten una ocupación continua, pública y pacífica por un mínimo de 10 años en un predio localizado dentro de la franja territorial” tendrán derecho a escritura.
Una es Angelina Ceballes, de 62 años, quien empleó todas sus fuerzas para llegar a pie a San José.
Ella vive en Paso Canoas, dice que paga sus impuestos como cualquier ciudadano, pero día a día lucha contra el temor del desalojo.
Yilania Castillo, de 29 años, está igual. Dice que durante tres décadas ha vivido como precarista, en un lote heredado de sus padres y, quizás, sea lo único que pueda ofrecer en un futuro a su hija de 12.
“Tengo casa, pero realmente no tengo nada”, dijo Castillo, y agregó: “queremos los mismos derechos que tienen el resto de ticos”.
Tras esta caminata, diputados de los partidos Liberación Nacional, Unidad Social Cristiana, Acción Ciudadana, Movimiento Libertario y Frente Amplio, se comprometieron a tramitar el proyecto titulado “Ley que regula la desafectación y titulación de la zona fronteriza entre la República de Costa Rica y la República de Panamá”, expediente 16.657.
Parte de la promesa se cumplió ayer pues lo enviaron a la Comisión de Gobierno y Administración para que lo discuta “y lo mejore”.
Rónald Ruiz, del Comité Cívico de Paso Canoas, dijo que esperan poner así, fin a 40 años de lucha de sus abuelos y padres para tener las escrituras en la mano.
Dijo que la falta de documentos les impide acceso al crédito o ayuda estatal para mejorar sus condiciones de vida.
“Estoy totalmente comprometido con Paso Canoas y sus escrituras”, gritó el diputado liberacionista Jorge Angulo, quien representa a la zona sur en el Congreso.
Un apoyo al que también se unió el PUSC, representado ayer por Rodolfo Sotomayor, de Puntarenas.
Ellos, junto a otros legisladores, dieron conferencia de prensa en el Salón de Beneméritos de la Asamblea junto a algunos caminantes.
Allí, Pablo Valle, líder de la Marcha por la Dignidad por la Milla Fronteriza, dijo que “somos una minoría y no tenemos título. Estamos allá, en el último rincón de Costa Rica, pero también somos ticos”.
Rónald Ruiz, por su parte, aseguró que cuando comience a discutirse el proyecto en comisión, dentro de 15 días, regresarán.
Este proyecto lleva siete años en trámites y estos ciudadanos han acudido más de 50 veces a San José. Su lucha no será fácil pues aunque los diputados decidan, será la Sala Constitucional la que diga, al final, si el plan es constitucional.