El plan de reforma a las pensiones del Magisterio no solo permitiría que docentes activos se salgan del IVM para obtener una mejor pensión, sino que también lo podrían hacer educadores ya pensionados, con lo que aumentaría el golpe a las pensiones del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).
Luego de una reunión con la fracción legislativa del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), el superintendente de Pensiones, Álvaro Ramos, advirtió de que no hay ningún impedimento expreso, en el texto de la reforma al régimen magisterial, que impida la fuga de pensionados de un régimen a otro.
Ello implicaría que se podrían beneficiar muchas personas más de las que la Junta de Pensiones del Magisterio (Jupema) ha calculado, porque esta organización ha hecho sus números alegando que el plan solo ayudaría a obtener una mejor pensión, en alguno de los regímenes del Magisterio, a un grupo de docentes que se pasó al IVM en 1995.
"No hemos tenido clara la limitación para los pensionados actuales, o sea, que no beneficiaría solo a gente que está esperando para saber si se pensiona por la Caja o por Jupema, sino que hasta donde pudimos leer en el proyecto de ley, no dice con toda claridad qué pasa si la persona está pensionada, si se podría pasar", comentó Ramos.
Consultado sobre esa posibilidad, el jefe de la fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), William Alvarado, se mostró alarmado de que la iniciativa legal aprobada el 7 de junio, en primer debate, pueda servir para beneficiar a más personas que los actuales cotizantes.
"Nosotros no lo veríamos bien, realmente me deja ahora la duda, pero precisamente por eso fue que les planteamos a ellos que revisaran el proyecto y quedamos de sentarnos para ver pormenores. Nosotros no estaríamos de aacuerdo en que esa posibilidad se dé", indicó Alvarado.
Alvarado fue uno de los tres socialcristianos que dio su voto para que la iniciativa se aprobara en primer debate, junto con Rosibel Ramos y Jorge Rodríguez. Este último ya había informado públicamente de que le quitaba el apoyo a la iniciativa legal, por el golpe financiero que le asestaría a la reserva de pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y al erario público.
La aprobación de esa iniciativa abre un periodo para que al menos 1.874 docentes se trasladen del régimen de pensiones del IVM al del Magisterio, bajo una modalidad que financia el Estado a través del Presupuesto Nacional, pues se trata de un régimen magisterial ya extinto desde hace poco más de 20 años.
El Gobierno alega que asumir las pensiones de esas personas le costaría entre ¢11.000 millones y ¢33.000 millones al año, por un periodo de 40 años.
Costo por definir. La principal solicitud que le hizo el PUSC a la Supén es que definan el costo de aprobar esa reforma para el Estado.
Sin embargo, Álvaro Ramos explicó que aún no han logrado definir cuál es el costo real del proyecto, porque existen tres bases de datos distintas, y no han tenido acceso a todos los datos.
El jefe del PUSC explicó que la Jupema no le ha facilitado su base de datos de posibles beneficiarios a la Supén, pese a que esa Junta ha alegado que solamente se pasarían 1.174 personas entre un régimen y otro.
Ramos añadió que hasta no tener los datos reales, no se puede hacer un cálculo, proceso que -añadió- es en realidad sumamente sencillo.
"No es un tema de cálculos, porque hacer los cálculos no es difícil, es un tema de confiabilidad en las bases de datos. En este momento, hay tres bases de datos diferentes, una de Jupema, otra de la CCSS y otra del Ministerio de Hacienda", comentó el superintendente de Pensiones.
Ramos explicó que la entidad no quiere difundir ningún cálculo hasta no tener esa claridad sobre las bases de datos y los docentes que realmente serían beneficiados, incluyendo lo relativo a la posibilidad de que se puedan pasar pensionados.
El proyecto abre un periodo de un año y medio para que los docentes que cumplan los requisitos se trasladen. Entre esos requisitos está el de haber cotizado durante diez años, de forma ininterrumpida, al régimen del Magisterio.
Por el momento, la iniciativa legal está detenida porque se envió a consulta en la Sala Constitucional.