A la 1:50 p. m. de este jueves, comenzó en el Tribunal Contencioso Administrativo la audiencia que podría decidir el futuro del zoológico Simón Bolívar y el Centro de Conservación Santa Ana.
Representantes del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) y de la organización FundaZoo, que ha estado a cargo de estos establecimientos por 30 años, presentarán sus alegatos, para que el Tribunal determine cuál de ellos asumirá las instalaciones de mayo en adelante.
En la sala, sin embargo, solo están presencialmente el juez Gerardo Pérez Alfaro, periodistas y público interesado en este tema. Entretanto, las partes acuden de forma virtual. Ellos son José Carlos Chacón y Yolanda Matamoros, abogado y presidenta de FundaZoo, respectivamente, y la procuradora que representa al Estado, Georgina Chaves.
La demanda fue planteada por la Fundación, organización que reclama la nulidad de los actos del Minae de mayo de 2022 en las que se les advirtió que no se les renovaría el contrato. Asimismo, piden una prórroga tácita hasta mayo de 2034.
“La Procuraduría (General de la República), el Minae, y el Estado pretenden trasladar el tema en algo sumamente simple, que no contempla toda la diversidad. No solo es un asunto de prórroga o no. Fue una decisión tomada casi de forma dictatorial”, aseveró en sus alegatos el abogado de Fundazoo.
Fecha clave
José Carlos Chacón insistió en que no se actuó en plazo legal. Según dijo, se tomó el 9 de mayo de 2022 en el primer día de gestión del ministro de Ambiente, Franz Tattenbach, aunque luego hubo otras comunicaciones.
“La primera acción del ministro fue un día antes del 10 de mayo; para el 9 de mayo todavía no era momento. Eso lleva a invalidez legal”, argumentó.
El fundamento de este reclamo se fundamenta en que el artículo 20 del contrato señala que para notificar que no se renueva debe hacerse en los primeros tres meses del año número 9.
Como el contrato se firmó un 10 de mayo de 2014, el año 9 comienza el 10 de mayo de 2022. El 9 de mayo seguía siendo el año 8.
La procuradora Georgina Chaves Olarte, por su parte, indicó que aunque el ministro firmara el documento el día 9, la notificación se dio el día 10 de mayo de 2022, cuando ya corría el año 9.
“Se hicieron cuatro documentaciones por escrito en las que el ministro le dijo a Fundazoo que no se le renovaría el contrato”, precisó la representante del Estado.
Un conflicto similar se dio entre las partes una década atrás, cuando FundaZoo sí consiguió que se determinara que el Estado no actuó en plazo para no renovar el contrato, por lo cual la prórroga se otorgó de 2014 a 2024.
Parque urbanos
José Carlos Chacón también cuestionó que el Estado pretenda convertir el Simón Bolívar y el Centro de Conservación en parques urbanos, pues en su criterio podría haber impedimentos legales para hacerlo.
La procuradora, sin embargo, respondió que de ser necesaria una reforma legal, se hará. “Solo se hizo una simple manifestación de interés. Si es necesario un cambio de leyes se hará en su momento”, dijo.
Poco antes de las 4 p. m. y luego de escuchar a las partes, el juez ordenó remitir el asunto con la admisión de pruebas al Tribunal.
La decisión se conocería en las próximas semanas.