El Gobierno de la República se comprometió ayer con los representantes de los distintos gremios de taxistas y otros transportistas públicos a seguir buscando herramientas administrativas que le permitan frenar el servicio que ofrece la compañía Uber en el país.
Luego de una reunión de más de tres horas, en la que los transportistas expusieron su preocupación por los daños que, según ellos, les ha provocado la compañía Uber, el Ejecutivo dijo que se les explicó que aunque la prestación del servicio es ilegal, no tienen herramientas para bloquear la aplicación.
“No tenemos herramientas administrativas que permitan bloquear aplicaciones de Internet, esto en Costa Rica podría lograrse mediante una orden judicial y, por lo tanto, no es una cosa que tengamos a mano. Estamos buscando herramientas para enfrentar la situación de ilegalidad”, manifestó Sergio Alfaro, ministro de la Presidencia.
Antigüedad de carros. El jerarca agregó que los taxistas externaron como otra de sus preocupaciones el tema de la antigüedad de los vehículos, hecho que les impide prestar el servicio con unidades cuyos modelos superen los 15 años.
“Estamos estudiando si podemos hacer alternativas a lo que hay, pero es un tema que tenemos que analizar. Esta reunión no era para firmar acuerdos; se comprometieron a seguir abiertos al diálogo”, dijo Alfaro.
Aunque los taxistas se marcharon del encuentro sin dar a conocer a los medios su posición, el ministro mencionó que no hay amenazas de nuevos bloqueos por parte de ellos por ahora.
La Nación intentó conocer la versión del gremio, pero tras varias llamadas a Gilberth Ureña, vocero del Foro Nacional de Taxis, no fue posible localizarlo.
“No han anunciado que tengan una protesta. Lo que sí es cierto, es que nos pidieron más espacios de diálogo en el futuro, por lo que el Gobierno tiene la voluntad de darlo” añadió Alfaro.
Ante la consulta sobre el caso de la taxista Virginia Moreira, quien al cierre de esta edición, permanecía encadenada a un árbol frente a los condominios Fontana, en barrio Escalante, donde vive el presidente Luis Guillermo Solís, Alfaro señaló que ese tema no se tocó por ahora.
La mujer protesta porque el martes, la Policía de Tránsito le quitó las placas de su automóvil, un modelo 2000.