Los generadores de energía a pequeña escala están todavía lejos de poder concretar cualquier posible venta de excedentes al Sistema Eléctrico Nacional (SEN).
¿A cuánto se venderá el kilovatio generado para autoconsumo y cuáles elementos se incluirán en esa tarifa? ¿Por qué someter al dueño de un panel solar al arduo proceso de concesión de servicio público? ¿Quién debe pagar por los medidores bidireccionales?
Esas son algunas de las interrogantes en la cabeza de distribuidoras, cooperativas de electrificación y firmas privadas respecto al plan de generación distribuida, que consiste en la venta de energía que se produce a pequeña escala.
El chance de generar para autoconsumo (con paneles solares, por ejemplo) es posible, mas el de comercializarla aún no ve la luz . Esto, a pesar de que desde el 8 de abril rige el reglamento que pretende impulsarlo, el AR-NT POASEN (Planeación, operación y acceso al SEN).
El de generación distribuida es uno de los 14 capítulos que componen esa normativa, elaborada por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep).
Desacuerdo. En criterio del Consorcio Nacional de Empresas de Electrificación de Costa Rica (Coneléctricas), la Aresep publicó un reglamento carente de elementos válidos, concretos, “solo para quitarse alguna presión de encima”.
“El órgano insiste en que el POASEN es válido, pero en la práctica eso no es cierto. Es irresponsable que nuestros asociados inviertan en equipos esperando una retribución, porque se les ha vendido la idea. Esa tarifa ni está definida y esto no serviría para negocio”, dijo Erick Rojas, gerente del consorcio.
Según Rojas, la Aresep les solicita datos que no pueden dar justamente porque la entidad no define antes los precios de interconexión o respaldo; no garantiza que sus inversiones les serán reconocidas.
Así como está planteada, aseguró, la generación distribuida serviría para encarecer los recibos de luz que hoy pagan los ciudadanos.
Luis Pacheco, gerente de Electricidad del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), recomendó la retroalimentación y admitió que falta concretar conexos como tarifa y concesión. Empero, aclaró que el Instituto avanza a tiempo y está listo para unirse al proyecto.
La principal preocupación de Mario Alvarado, director de la Asociación Costarricense de Productores de Energía (Acope), es que el reglamento obligue a los pequeños a someterse a complejísimas concesiones de servicio público.
“No especifica cómo hay que sacar el título habilitante, por ejemplo (...). Es deber de Aresep definir mucha de la materia que está trasladando a las distribuidoras”, dijo.
Tampoco está definido quién debe comprar los medidores bidireccionales, ni cómo se levantará el registro de quienes inyecten su energía al sistema y pretendan que luego les sean devueltos los excedentes. Según Aresep, definirlo es tarea de cada empresa, no suya.
La falta de un acuerdo y la diferencia de interpretaciones entre los miembros del SEN ha llevado a muchos a incumplir los plazos de entrega de sus programas.
Según Carolina Mora, vocera del órgano regulador, eso podría llevar a que el arranque de la generación distribuida sufra retrasos aún más significativos.
Mora insistió en que las reglas están claras y más bien obligan a cada firma a trazar su plan de interconexión y un cronograma de acuerdo con sus posibilidades.
El 13 de noviembre se realizará una audiencia para definir la metodología con la que se fijará el precio de venta de esta energía.