El sindicato de tráficos denunció que menos de 300 inspectores de los 1.000 que conforman ese cuerpo están capacitados para aplicar la nueva ley de carreteras.
Joselito Ureña, secretario general del gremio, sostuvo que la capacitación recibida hasta ahora es insuficiente y que incluso se generan discusiones sobre la correcta aplicación de la ley.
El sindicalista se lamentó por la falta de manuales de procedimiento, entre ellos los que se deben aplicar cuando se captura a un chofer borracho.
Ureña comentó que para detener a un conductor ebrio, el inspector pierde 10 horas en trámites, porque debe llevar al chofer a realizarse la prueba de sangre y luego presentarlo ante los tribunales.
“Ayer (jueves para los lectores), dos compañeros en un procedimiento de alcohol empezaron a las 6 a. m. y a las 4 p. m. estaban saliendo de la Fiscalía. ¿Cuánto le cuesta eso al pueblo?”, reclamó.
Por otra parte, el líder sindicalista denunció que los alcohosensores (equipos que utilizan los tráficos para emitir boletas electrónicas) siguen sin calibrarse con los valores de la nueva ley.
El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) prometió que tales equipos estarían recalibrados al final de esta semana.
Por este tipo de atrasos, el ministro Pedro Castro ordenó que se abriese una investigación interna, para determinar si es posible sentar responsabilidades.
Joselito Ureña anunció que recurrirá a las vías legales para exigir mejores condiciones de trabajo para los oficiales de tránsito, pero no especificó qué tipo de acciones implementará.
Estaba previsto que Ureña presentara anoche, o el lunes a primera hora, un reclamo ante el MOPT.
Sostuvo que sus compañeros no están elaborando todos los partes que deberían, porque solo aplican aquellos artículos que pueden interpretar correctamente.
Anoche, se intentó conocer el criterio de Silvia Bolaños, directora del Consejo de Seguridad Vial (Cosevi), pero no atendió su teléfono celular.