Las tierras urbanizadas fuera del del anillo de contención de la Gran Área Metropolitana (GAM) ya abarcan una superficie de 102 kilómetros cuadrados, una extensión similar a la del cantón josefino de Desamparados.
El XVII Informe Estado de la Nación advierte que el desbordamiento del anillo, herramienta de ordenamiento territorial vigente desde 1982, desencadenó un desarrollo “sin orden ni planificación” que invadió zonas inadecuadas para construcción.
“La expansión fuera del anillo ocupó muchos terrenos no aptos e incluso altamente vulnerables a amenazas naturales como deslizamientos, inundaciones y fallas geológicas activas, entre otros”, dice el documento.
“Estamos hablando de zonas que eran ambientalmente frágiles no solo por el riesgo de desastres, sino por su cercanía a zonas de recarga acuífera o donde se había establecido que era importante la protección”, explicó Leonardo Merino, coordinador adjunto de investigación del Estado de la Nación.
Para Merino, el irrespeto de ese perímetro es resultado de la deficiente labor de las municipalidades y del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), entidad responsable de actualizar el Plan Nacional de Desarrollo Urbano de los años ochenta.
“De los municipios vienen los permisos y la falta de regulación. Además, al INVU se le ha criticado desde el 2003 por otorgar permisos de construcción y uso de suelo, o asesorando a las municipalidades, pero no dándole seguimiento a este plan”, dijo Merino.
Otros factores. Por su parte, Juan Carlos Retana, coordinador de la Unidad del Planificación Territorial del INVU, descalificó las advertencias sobre el desbordamiento del anillo.
“Hay una exageración por parte de algunos ambientalistas que dicen que todo lo que está fuera del anillo hay que protegerlo de forma irracional”, aseveró Retana.
Aunque reconoció que muchos de los problemas actuales se desprenden de la excesiva permisividad de los ayuntamientos, dijo que otros factores también influyeron tanto o más que ese.
Uno de ellos es el alto costo de las tierras dentro de la zona de contención. El otro factor es el programa de vivienda durante el primer gobierno de Óscar Arias.
“En 1987, la promesa electoral de 80.000 viviendas provocó una gran distorsión y a muchos se les ubicó fuera del anillo, por ejemplo en Moravia y Alajuelita.
”Construyeron viviendas de interés social sin tomar en cuenta la necesidad de infraestructura y servicios básicos”, sostuvo Retana.
Cambios necesarios. A criterio de Merino, es casi imposible revertir la construcción en zonas protegidas. Por ello, recomendó limitar las acciones legales a aquellos lugares donde se haya identificado un peligro inmediato.
“Lo más urgente es sentar las bases para ordenar el territorio, que es la deuda que seguimos teniendo y a la que no le entramos”, indicó Merino.
Justamente este es el otro reclamo del Estado de la Nación.
Según el documento, falta articulación y coherencia entre más de 70 normas y 30 entidades relacionadas con el tema, lo cual “genera dispersión, conflictos, traslapo de competencias”.
En el 2010, el INVU rechazó el proyecto de Planificación Regional Urbana de la Gran Área Metropolitana (Prugam), esfuerzo de seis años y con un costo de 15 millones de euros, al considerar que tenía incongruencias y ponía en riesgo las zonas de protección ambiental.
Desde entonces trabaja en el Plan de Ordenamiento Territorial de la Gran Área Metropolitana (Potgam), una nueva propuesta a partir de los mismos estudios efectuados en el marco del Prugam.
A mediados de diciembre, el INVU entregó el reglamento del Potgam al Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, que le hará observaciones antes de someterlo al escrutinio del Consejo de Gobierno.
Retana reiteró que la propuesta nueva es regional, no local, por lo que respeta plenamente la autonomía de los ayuntamientos.
“Las directrices son de carácter regional y no se pretende violentar la autonomía municipal. Ahí, ellos son responsables y se respeta la potestad jurídica que tienen sobre los territorios”, concluyó.