La Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) carece de control sobre los gastos de Soresco, la empresa creada en conjunto con China para modernizar la refinería de Moín, Limón.
Soresco no tiene un plan fijo de presupuesto para el 2014 porque primero debe resolverse un reclamo que le planteó Recope a su contraparte asiática, a finales del año pasado.
La refinadora le exige la devolución de $12 millones, que, alega, pagó de forma “indebida” para beneficios y bonos salariales de 26 ejecutivos asiáticos de la compañía conjunta, por tres años.
Soresco está paralizada desde hace siete meses. Sin embargo, el proyecto de modernización de la refinería se detuvo en junio del 2013, luego de que la Contraloría General de la República (CGR) exteriorizó dudas sobre el estudio de factibilidad de la obra.
La Junta Directiva de la empresa tampoco puede sesionar porque desde el 8 de mayo anterior, el nuevo Gobierno no ha nombrado a los representantes de Recope en ese órgano conjunto.
En este momento la Junta solo cuenta con los representantes que designó la socia asiática China National Petroleum Corporation International (CNPCI).
Mayid Brenes, director jurídico de Recope, explicó que aunque la Junta Directiva pasada pidió a Soresco que procurara “por favor” hacer el mínimo de gastos este año, la refinadora es incapaz de controlar e influir en las cuentas.
“Ese es un ejercicio discrecional que le corresponde realizar al gerente de Soresco; nosotros (Recope) no tenemos ningún margen de competencia, no aprobamos contratos... ”, reconoció Brenes.
De igual forma, la Contraloría aclaró que no puede pedir cuentas a Soresco, por ser firma privada.
Inversión. A pesar de su inactividad, Soresco implica gastos mensuales por $250.000 y Recope desconoce la índole de las erogaciones, manifestó Sara Salazar, jerarca de la refinería.
“Ese es un asunto que estamos resolviendo porque hay compromisos que ellos adquirieron, de alquileres... es que es difícil porque Recope les ha pedido la explicación y ellos argumentan esas cargas con las que no estamos de acuerdo. Estamos, más bien, girando la instrucción de operar al mínimo mientras esto se resuelve”, dijo Salazar.
La funcionaria aclaró que esos gastos no se están girando “extra”, sino que están incluidos en los $50 millones que Recope aportó inicialmente para conformar la sociedad, en el 2009, con el propósito de impulsar el plan de refinería valorado en $1.500 millones. Su socia china pagó ese mismo monto inicial.
Salazar explicó que en los próximos días esperan nombrar a los representantes nacionales en la Junta Directiva de Soresco, lo cual reactivaría la empresa conjunta.
También confía en que se logre la conciliación entre Recope y CNPCI, por el reclamo de los $12 millones planteado el año pasado.
Salazar descartó que fuese una opción “sencilla” la disolución de la sociedad tico-china. Confesó que su permanencia solo está definida por la definición de si CNPCI hará o no la ampliación de la refinería.
Conflictos. La CNPCI y Recope tienen una relación complicada luego de dos señalamientos de la Contraloría que obstaculizaron el avance natural del millonario proyecto.
El ente contralor descartó el estudio de factibilidad porque fue realizado por una firma ligada a la empresa china. Luego, advirtió de vicios de nulidad e incongruencias en el cálculo de la rentabilidad.
Por esa posición, el entonces presidente de Recope, Litleton Bolton, demandó ante el Tribunal Contencioso-Administrativo a la Contraloría, en abril pasado, por “excederse en sus potestades”.
La semana pasada, el mandatario Luis Guillermo Solís, se reunió en Brasil con el mandatario chino Xi Jinping, quien aceptó renegociar desde cero el proyecto de ampliación de la refinería china.