El Juzgado de lo Contencioso Administrativo rechazó ayer la petición del sindicato de muelleros del Caribe para que no se firmara el contrato de concesión de un nuevo muelle para barcos portacontenedores en Moín, Limón.
El juez tramitador, Billy Araya, no encontró razones para frenar el proceso que encabeza el Consejo Nacional de Concesiones, entidad que adjudicó el proyecto de casi $1.000 millones a la gigante holandesa APM Terminals.
“La medida que persigue Sintrajap (el sindicato de Japdeva) se yergue desproporcionada y carente de seriedad, pues, al solicitar que se suspenda la firma del contrato, ese solo hecho no genera efectos jurídicos per se”, dice el corolario de la resolución del juez.
La información fue confirmada ayer por Francisco Jiménez, ministro de Obras Públicas y Transportes. Según el funcionario, ya no hay impedimento para firmar el contrato en los próximos días.
Aunque el juez no aprobó las medidas cautelares solicitadas por el Sindicato de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Sintrajap), sí se mantiene la acusación del gremio contra el Estado y APM Terminals.
Los muelleros de Japdeva alegan que la nueva Terminal de Contenedores de Moín (TCM) carece de estudios ambientales que descarten daños a la ecología local.
Además del proceso presentado por el sindicato, la TCM también enfrenta otra demanda por parte de la Cámara Nacional de Bananeros (Canaba).
Ambos procesos se siguen en el Tribunal Contencioso Administrativo, pero ninguno de los jueces acogió medidas cautelares.
Allan Hidalgo, presidente ejecutivo de Japdeva, dijo ayer por la mañana que el contrato con APM Terminals se firmará “a más tardar el 31 de agosto próximo”.
Por su parte, Jiménez señaló que el sindicato se opone a la TCM “porque quiere seguir con el rábano agarrado por las hojas y pretende seguir coadministrando la operación portuaria de Limón”.