El Estado costarricense –en particular la Asamblea Legislativa– mantiene una gran deuda con la población homosexual.
Así lo señaló la presidenta de la Sala Constitucional, Ana Virginia Calzada, en una entrevista con La Nación.
“Tal y como se reguló lo relacionado con familias heterosexuales, la Asamblea Legislativa tiene que ver qué hace con este tipo de uniones. No pueden seguir diciendo que se regula como una sociedad de hecho, porque no es una sociedad mercantil”, manifestó Calzada.
”Son muchas las cosas que se tienen que regular: cómo se van a manejar los bienes, el tema de la salud (seguros), cómo va a reconocer el Estado este tipo de unión, etc. Estos temas no pueden ser resueltos vía reglamentaria, sino que tienen que atenderse mediante una ley”, agregó la magistrada.
La Sala IV le encomendó esta tarea a los diputados desde el 2006, en la resolución de un recurso de amparo planteado por el abogado y activista Yashin Castrillo contra el artículo del Código de Familia, que declara “imposible” el matrimonio entre personas del mismo sexo.
Aunque los magistrados declararon el recurso sin lugar, señalaron que el legislador debía plantearse “la necesidad de regular, de la manera que estime conveniente, los vínculos o derechos que se deriven de este tipo de uniones”.
Pese a que han pasado seis años desde que se emitió ese voto, el país sigue lejos de tener legislación en esta materia.
El proyecto de ley más viable, según los diputados, es el de Sociedades de Convivencia , que plantea regular asuntos como seguro social, visita conyugal, herencias y crédito compartido para vivienda entre parejas gais.
Aunque diputados como Carmen Muñoz, del Partido Acción Ciudadana (PAC), han hecho esfuerzos por promover este plan , lo cierto es que la cuestión no es prioridad en el Congreso.
El presidente de la Asamblea Legislativa y diputado del Partido Accesibilidad Sin Exclusión, Víctor Emilio Granados, aseguró que su agrupación no impulsará una propuesta, aunque aseguró que tampoco obstaculizará esfuerzos de otros partidos por hacerlo. Esta misma posición exteriorizaron ayer la presidenta Laura Chinchilla y el jefe de fracción de Liberación Nacional, Fabio Molina.
Por su parte, la jefa de fracción del PAC, Yolanda Acuña, aseguró que los derechos humanos están en la agenda de su partido; no obstante, “hay muchas prioridades”.
Nuevos intentos. Mientras el tema sigue estancado en la Asamblea Legislativa, el abogado Castrillo insiste en buscar una resolución favorable de la Sala IV. No obstante, los magistrados están poco anuentes a resolver el tema.
El 9 de mayo, la Sala declaró sin lugar una acción de inconstitucionalidad que Castrillo planteó contra los artículos 242 a 246 del Código de Familia, en nombre del Centro de Investigación y Promoción para América Central de Derechos Humanos (Cipac).
Según el voto, el Centro carecía de legitimación para presentar la acción pues requería de un juicio base para hacerlo. Ayer Castrillo volvió a plantear el alegato, según los señalamientos.
Aunque el activista ya había planteado dos acciones en contra de los mismos artículos del Código de Familia, aseguró que un fallo reciente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos incorpora “circunstancias nuevas”.
Para Calzada, estos esfuerzos son inútiles. “Me parece que seguir enfocando las baterías hacia la Sala, no es lo conveniente. Nosotros no podemos regular la situación de ellos. Ahí sí nos dirían que estamos legislando”, manifestó.
Sin embargo, Castrillo insiste en que el tema sí les corresponde a los magistrados, e incluso indicó que prepara una denuncia penal contra ellos pues considera que cometieron el delito de prevaricato. Colaboró: Alejandra Madrigal.