La Sala Constitucional reconoció que requiere más y mejor información para pronunciarse sobre el comité encargado de fijar tarifas en la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep).
Así lo hizo ver en el razonamiento del voto en el que anula su propia sentencia emitida el pasado 7 de setiembre.
En dicho fallo los magistrados habían rechazado una acción de inconstitucionalidad de la organización Consumidores de Costa Rica contra el Comité de Regulación y las superintendencias creadas por la Aresep.
Este martes, los magistrados dieron marcha atrás y reconocieron que requieren mayores elementos de juicio para lograr un adecuado abordaje del tema.
“Resulta de interés para la Sala dedicarse con mayor criterio a la definición de la situación respecto de las denominadas superintendencias como órganos internos de la Autoridad Reguladora”, indica la sentencia.
Esos aportes podrían obtenerse de las audiencias que pueden concederse para analizar el caso.
Por su parte, Consumidores de Costa Rica celebró que se revocara el fallo.
La anulación de la sentencia es una muestra de responsabilidad de la Sala Constitucional y demuestra que el voto anterior partió de una perspectiva equivocada, dado que las decisiones finales han recaído sobre el Comité de Regulación y no sobre el regulador general, como lo decía el voto anulado, informó la organización.
Nuevo análisis. La Sala deberá pronunciarse nuevamente sobre la acción de inconstitucionalidad promovida por Consumidores.
“Contrariamente a lo manifestado por el regulador, nuestra acción representa la legalidad y el respeto al ordenamiento jurídico del país que deben primar en la regulación de los servicios que reciben los usuarios del país”, dijo Erick Ulate, presidente de la entidad.
El Comité de Regulación funciona en la Aresep desde el 2010 y es el encargado de fijar tarifas. Esa labor originalmente se le asignaba al regulador general, pero, con una reforma de ley del 2008, se le otorgó de manera general a la entidad.
Por ese motivo, la Aresep determinó que la tarea le correspondería a tres superintendencias: de agua, energía y transportes. Mientras implementaba su nueva estructura, la Aresep creó el Comité de Regulación para que analizara los ajustes tarifarios y asumiera otras tareas.
El funcionamiento de ese equipo lo han cuestionado los directivos Emilio Arias y María Lourdes Echandi, la Auditoría Interna de la Aresep, asi como cámaras y organizaciones de consumidores.
Además, el abogado constitucionalista Rubén Hernández, contratado para que diera un criterio al respecto, opinó que tiene roces constitucionales, pues se le trasladan funciones otorgadas por ley al regulador. Por el contrario, la Procuraduría General de la República sí lo avaló .