La Sala IV rechazó un recurso de amparo contra la prohibición de vender comidas o bebidas con mucha azúcar, sal o grasa en las sodas de escuelas y colegios.
Los magistrados solo dieron curso al reclamo por no tener acceso a los expedientes administrativos vinculados al reglamento, que rige para este curso lectivo.
La acción la interpuso el abogado Andrés Ávalos Rodríguez, quien representa a más de 30 concesionarios de sodas escolares.
Ávalos alegó ante los jueces que la mayoría de los inquilinos de esos negocios firmaron contratos con las juntas de educación de las escuelas y liceos antes de que un decreto fijara las nuevas reglas sobre los alimentos que deben vender.
Además, que los productos que ahora pueden preparar los trabajadores de las sodas no son los mismos para los cuales recibieron capacitación de parte del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA).
“En esos contratos se aprobó un listado de productos que pueden ofrecer a los estudiantes y los precios, lo que genera expectativas pues (con la venta) se garantizan los ingresos para subsistencia, pago de alquiler y otros”, afirmó el representante legal de los concesionarios de sodas.
Sin embargo, Leonardo Garnier, ministro de Educación, ve como un espaldarazo la decisión tomada por los magistrados.
“El fallo es muy importante porque reitera el tema más de fondo que hemos discutido, que es el derecho de regular espacios como las sodas escolares, porque no es un espacio cualquiera, es un espacio educativo”, sostuvo Garnier.
El nuevo reglamento ha sido criticado por un sector de los productores de alimentos y algunos estudiantes, pero también ha sido alabado por nutricionistas, médicos e inclusive padres de familia.
Reacción. Por su parte, la Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria (Cacia) aclaró que no tiene relación con el amparo y que sigue en proceso la gestión hecha ante el Tribunal Contencioso Administrativo para frenar el decreto.
“Del conocimiento que tenemos, lo resuelto por la Sala Constitucional significa que los argumentos deben tramitarse en la vía ordinaria (contencioso administrativa)”, indicó Mario Montero, vicepresidente ejecutivo de Cacia.
De hecho, Andrés Ávalos anunció que probablemente recurrirán a esa instancia.
Además, el abogado dijo que verificarán si los ministerios de Educación y Salud consultaron a las 81 municipales sobre las potestades que les da el reglamento para que verifiquen lo que venden las sodas.
Los concejos municipales son los órganos que nombran a los miembros de las juntas de educación, que alquilan las sodas.