La Sala Constitucional rechazó de plano un recurso de amparo contra la Dirección General de Tránsito, por los operativos de retiro de placas a autobuses que prestan servicio irregular y transportan a huelguistas a las manifestaciones.
Se trata del expediente 18-014997-0007-CO, interpuesto el 22 de setiembre por parte de una mujer de apellidos Carvajal Loaiza, con el alegato de que las autoridades restringen la libre circulación a los huelguistas.
De acuerdo con el Sistema de Consulta en Línea, del Poder Judicial, el recurso fue rechazado de plano el pasado viernes 28 de setiembre.
Al rechazar de plano, la Sala ni siquiera entró a conocer el fondo del reclamo.
“Al conocer dicho recurso, el Tribunal consideró que el reclamo de la accionante constituía un aspecto de legalidad, toda vez que no le correspondía determinar si los autobuses de transporte público utilizados para trasladar a los huelguistas cumplían o no con los requerimientos legales para ello. De igual forma se estimó que no existía lesión al artículo 33 constitucional, en el tanto se consideró que el principio de igualdad no implicaba que las personas tuvieran un derecho absoluto a ser equiparados en toda circunstancia. Actualmente el expediente de cita se encuentra en proceso de notificación a las partes”, explicó la Sala.
La decisión fue celebrada por el Consejo de Transporte Público (CTP), que es el órgano responsable de otorgar concesiones o permisos a empresas autobuseras para recorridos y servicios específicos.
Precisamente, es con base en la labor del CTP que la Policía de Tránsito puede bajar las placas a las unidades que no cumplen con el servicio para el cual están autorizadas.
“El Consejo de Transporte Público (CTP) comparte el fallo de la Sala Constitucional en el que rechazó de plano el recurso de amparo interpuesto por la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), contra las sanciones a los dueños de autobuses que movilizaron personas sin los permisos correspondientes del CTP”, expresó en un comunicado.
En los últimos días, informó el Consejo, se han retirado 42 matrículas a las unidades de transporte público.
La gestión resulta es solo una de cinco interpuestas ante la Sala Constitucional contra la Dirección General de Tránsito, el director de ese cuerpo policial, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y la Fuerza Pública.
“Confiamos que los demás recursos planteados sean rechazados por la Sala Constitucional, nuestro deber es velar por la seguridad de quienes viajan en el transporte público y no contraquienes se están manifestando contra el Plan Fiscal. Estos controles se realizan para determinar cuáles son los autobuseros que se salen de las rutas y no cumplen con los horarios del servicio, ellos se ven expuestos, incluso, a que se les quiten los permisos”, indicó el director ejecutivo del CTP, Manuel Vega Villalobos", añadió el CTP.
El tribunal constitucional detalló la semana anterior a La Nación, que tenía en estudio de admisibilidad cuatro recursos de amparo y uno de habeas corpus.
Quedan pendientes los expedientes 18-15198-0007-C, de otra ciudadana de apellidos Rojas Alfaro, también contra la Dirección General de Tránsito.
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Además el 18-15205-0007-CO interpuesto por la Asociación Nacional de Educadores (ANDE), contra el MOPT; el 18-15216-0007-CO de la Unión Médica Nacional, contra el director general de la Policía de Tránsito, German Marín; y, el 18-15218-0007-CO del Sindicato de Profesionales en Ciencias Médicas (Siprocimeca), contra la Fuerza Pública y la Policía de Tránsito.
La Sala, por medio de la oficina de prensa, indicó la semana anterior que “la sola interposición del amparo o habeas no suspende el acto”, es decir, de los operativos realizados por el Tránsito. De hecho, el miércoles anterior, se retiraron 22 placas a autobuses fuera de su ruta regular que llevaban a personas que se unirían a la marcha nacional convocada por los sindicatos.
Semanas atrás el Gobierno anunció que realizaría acciones para bajar placas a aquellos vehículos de transporte público que cuenten con una concesión del Estado y que se usen para otras rutas u horarios para los que no estén autorizados.
German Marín, director de Tránsito, había aclarado que “los permisos del Consejo de Transporte Público (CTP) son específicos y cerrados. Los buses tienen rutas que cumplir, de un punto a otro, o para trasladar estudiantes, según la autorización respectiva”.
La sanción podría ir incluso más allá del retiro de placas de las unidades. El Gobierno ha advertido que evaluaría en cada caso la imposición de otras medidas, como una multa de ¢104.000 y la elevación de la situación a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep).