La Sala IV autorizó el cobro de las 81.000 multas de tránsito que estaban impugnadas y suspendidas en el Consejo de Seguridad Vial (Cosevi).
En setiembre del 2010 los magistrados acogieron para estudio una acción de inconstitucionalidad contra el régimen de impugnaciones de la ley de tránsito.
Según los recurrentes, la inexistencia de una instancia superior para impugnar la decisión del Cosevi al resolver una apelación violaba los principios del debido proceso y el derecho de defensa.
Cuando la Sala acogió la acción, paralizó la resolución de impugnaciones, que hasta ayer superaban las 81.000, equivalentes a un total de ¢14.189 millones en multas sin cobrar.
Sin embargo, ayer la Sala IV declaró sin lugar la gestión presentada por Yuribeth Méndez, presidenta de la Cámara Nacional de Porteadores, junto con el Foro Nacional de Transportes y el Foro Nacional de Taxistas.
Los magistrados consideraron que no existe la violación que alegan los recurrentes, pues los conductores insatisfechos con las decisiones pueden acudir a los juzgados de Tránsito.
“Se estimó que no se infringe el debido proceso y el derecho de defensa, por cuanto las partes pueden acudir a la vía jurisdiccional a discutir, plenariamente, el asunto”, dijo el comunicado del tribunal constitucional.
Consultada anoche sobre el fallo de la Sala, Méndez dijo ser respetuosa de la resolución, aunque no ha sido notificada.
Agregó que la sentencia obligará a los conductores a recurrir a un Tribunal Contencioso para poder apelar un multa de tránsito. Insistió en que ahora el Cosevi deberá realizar 81.000 audiencias para permitirles a los conductores el legítimo derecho a la defensa.
Satisfacción. Héctor Monge, director del Cosevi, recibió el fallo de la Sala con satisfacción.
“Realmente es una gran alegría porque, con el dinero de las multas, podemos dedicar fondos a la seguridad vial y a los programas planeados, poner ojos de gato en carretera, mejorar la protección en las escuelas, y colocar cámaras en las patrullas de Tránsito y en las carreteras, dijo Monge.
El funcionario estimó que resolver 81.000 apelaciones podría tomarles unos siete meses, pues pretenden que aquellas que sean desestimadas puedan salir al cobro en el marchamo 2012.
Además, prevé que el Cosevi tardará entre diez y 12 meses para poder estar al día con el trámite de apelaciones y cumplir con el plazo de diez días para resolver que establece la ley de tránsito.