San José (Redacción). Los que conducen un vehículo con motor alterado, o bien con modificaciones en los sistemas de inyección, carburación o sistemas de control de emisiones pueden librarse de las multas por un tiempo, siempre que apelen.
Esto ocurrirá al menos mientras la Sala Constitucional resuelve una acción contra el artículo 132 inciso h de la Ley de Tránsito, a la dio curso desde el 6 de marzo.
La gestión fue presentada por un ciudadano de apellido Gómez, por considerar que la multa es “es desproporcionada, pues el parámetro para establecerla es el salario mínimo de un auxiliar judicial, sin embargo, esa no es la realidad económica de todas las personas”.
El castigo económico que establece la Ley de Tránsito es de ¢234.000, que incluye el 50% del salario base del auxiliar judicial más el 30% del Patronato Nacional de la Infancia.
Al dársele curso, según la Sala Constitucional, no es posible dictar resolución final “en los procesos o procedimientos en que se discuta la aplicación de lo cuestionado”.
De esta forma, los oficiales de tránsito pueden seguir levantando partes, pero si el afectado apela, el caso queda en suspenso hasta que la Sala resuelva.