La Sala Primera denegó un recurso de casación a once abogados a los que el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) les había eliminado los sobresueldos como notarios en el año 2012 y los condenó a pagar las costas del proceso judicial.
De acuerdo con un comunicado de prensa del ICE, en aras a la optimización de recursos y la eficiencia operativa, esa institución había eliminado en junio del 2012 las funciones de notariado a ese grupo abogados que laboraba fuera de la División Jurídica y procedió a hacerles la liquidación correspondiente por concepto de ese sobresueldo.
Los afectados presentaron una medida cautelar, que fue rechazada, y plantearon un recurso ante la Sala Constitucional, acusando al ICE de que supuestamente había disminuido en forma arbitraria su salario.
La Sala Constitucional falló en contra de los recurrentes, quienes iniciaron un proceso contra el ICE en el Tribunal Contencioso Administrativo del Segundo Circuito Judicial de San José.
Este Tribunal resolvió en el 2014 que el Instituto había actuado correctamente, bajo la premisa de que la administración tiene la potestad de adoptar medidas tendientes a optimizar sus finanzas. Además, ratificó que el sobresueldo no forma parte del salario y que, por tanto, no constituye un derecho adquirido.
Los abogados apelaron la resolución ante la Sala Primera de la Corte, la que denegó el recurso, ratificando la sentencia del Tribunal Contencioso y condenando a los demandantes a cubrir las cosas del proceso judicial.
"La Administración puede optar por una serie de medidas tendientes a optimizar sus finanzas, si están debidamente motivadas, y que dicha facultad tiene asidero en la obligación de resguardar los recursos públicos que administra", comentó en el comunicado Julieta Bejarano, directora jurídica del ICE.
La sentencia deja claro que los sobresueldos no son un componente de la estructura salarial y no gozan de los mecanismos de protección al salario.
Otro reciente fallo del Tribunal Contencioso ratificó que los nombramientos de trabajadores ocasionales tienen un principio y un fin, de manera que tampoco tienen un derecho adquirido.
Recientemente la entidad acordó no renovar más de 237 contratos de este tipo, como parte de unos 764 contratos que se pretende eliminar.