La noche del 12 de noviembre del 2005 marcó fatalmente el destino de la familia Morales Gamboa.
Ese sábado, exactamente a las 9 de la noche, Manuel Morales Piedra regresaba del supermercado Supercompro con su familia.
Cuando intentaba cruzar la Interamericana Sur un vehículo que circulaba a gran velocidad lo atropelló y le causó la muerte.
El fatal accidente ocurrió en la entrada al barrio Villa Ligia de Pérez Zeledón, en el conocido “tramo de la muerte”, donde la vía se amplió a cinco carriles, pero sin un cruce seguro para las personas.
Por esa ausencia de medidas de seguridad para proteger la vida de los peatones, la Sala Primera condenó al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) en un fallo emitido en setiembre anterior.
Ese Ministerio deberá indemnizar con ¢67,5 millones por daño moral y económico a la viuda y a los cuatro hijos de Manuel Morales.
Los magistrados responsabilizaron al Estado por la muerte de este jardinero de 65 años. En su criterio, la falta de mecanismos de seguridad peatonal lo pusieron en una situación obligada de riesgo.
“Puede concluirse que el Estado faltó a su obligación de brindar seguridad vial para los transeúntes, ya que no facilitó el tránsito seguro, toda vez que la carretera no contaba con semáforos, cruces, pasos a desnivel, puentes peatonales, islas o cualquier otra medida para el resguardo de la integridad física de los peatones”, concluyó la Sala.
Los magistrados, además, le recordaron al MOPT que la propia ley de creación del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) establece que toda obra pública financiada por esa entidad debe incluir el componente de seguridad vial. Esto implica incorporar pasos para peatones a nivel y a desnivel, la protección para el tránsito de personas a lo largo de la vía, bahías para las paradas de buses y las ciclorrutas, si corresponde, entre otros.
Carlos Acosta, director ejecutivo del Conavi, dijo que la construcción de una bahía o línea divisoria en el centro de la carretera ha disminuido los accidentes en el sitio.
Adicionalmente, este año se sacará una licitación por $3 millones para demarcación, construir puentes peatonales, aceras, ciclovías y obras como rotondas para disminuir la velocidad de los vehículos.
El polémico tramo de esta vía, inaugurado en el 2005, suma más de 140 víctimas mortales. La última fue Wálter Alvarado , de 30 años quien este 17 de marzo murió atropellado cuando intentó cruzar.
Para Marina Gamboa, la viuda de Morales, el fallo de la Sala I significa un poco de tranquilidad en lo económico. Empero su deseo es que se establezca un precedente para que el Estado se “soque la faja”.