La empresa española Riteve SyC pagará por un mes más el salario a sus trabajadores aunque este viernes deberá cerrar sus estaciones para entregar todos los bienes al Estado, debido al vencimiento del contrato, luego de 20 años de operar como responsable del servicio de inspección técnica vehicular.
La vocera de la compañía, Jennifer Hidalgo, confirmó que la medida busca dar un mes más de estabilidad laboral a los más de 500 trabajadores.
“Lo normal hubiera sido que nos dieran el preaviso el 15 de junio para que corriera ese mes, pero la empresa decidió, por solidaridad con los colaboradores, no aplicar el preaviso a partir del 15 de junio, sino del 15 de julio, para que no tuvieran que estar en el último mes de operaciones, viendo temas de si consiguen trabajo. Lo que se pensó fue dar un mes más de estabilidad económica para que esta semana trabajaran tranquilos y cerraran operaciones y a partir de mañana inicia el proceso de preaviso”, explicó la vocera.
La empresa aún no ha confirmado si participará en el concurso que lleva adelante el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) para elegir un nuevo operador, que prestaría el servicio mediante la figura de permisionario en las mismas instalaciones que pasarán a manos de la Administración este viernes a las 4 p. m.
Este jueves será el último de atención al público en todas las estaciones, pues el viernes el personal se dedicará a preparar los equipos y sedes para el traspaso de bienes.
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Futuro incierto
La semana pasada el ministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador, confirmó que no había recibido ninguna oferta para dicho concurso, ni de Riteve ni de ninguna otra compañía.
Ante esa situación, el jerarca dijo que el MOPT alista un plan B, pues en caso de que no se reciba ninguna oferta o ninguna empresa cumpla con los requisitos, el Estado estaría en obligación de asumir la revisión para garantizar la continuidad del servicio que está establecido en la Ley de Tránsito.
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Sobre el futuro de los 500 empleados de Riteve, el ministro expresó que no puede obligar al operador que llegue a recontratarlos, aunque, según dijo, enviaron notas a empresas que han mostrado interés indicando que el Gobierno “va a ver con buenos ojos” que se haga.
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Durante esa conferencia de prensa, tanto Amador como la ministra de Trabajo, Marta Esquivel, insistieron en que, independientemente de la decisión de la compañía sobre su eventual participación en el concurso, la empresa está obligada a liquidar a los trabajadores y luego, si fuera necesario, volverlos a contratar.
Por su parte Riteve reiteró que cumplirá con el pago de los extremos laborales de los empleados, en apego a la ley.
“Hasta el día de hoy, la empresa ha trabajado fuertemente en brindar la mayor estabilidad posible a nuestros colaboradores; en el momento indicado, todo proceso que sea necesario ejecutar, sin lugar a duda, se realizará garantizando todos los derechos laborales de estos”, afirmó en un comunicado enviado la semana pasada.
El martes anterior, la Contraloría General de la República rechazó un recurso de objeción presentado por la empresa en contra del pliego de condiciones presentado por el MOPT para el concurso.
La empresa, además, mantiene un reclamo de $30 millones en contra del Estado por desequilibrio financiero producto de tarifas no aprobadas entre los años 2007 y 2009.
Riteve brindó el servicio de inspección técnica en el país desde el 2002. El contrato establecía una única posibilidad de prórroga de 10 años, que es precisamente la que fenece este 15 de julio.
El anterior gobierno intentó una autorización de la Contraloría para alargar dicha relación, pero esta fue rechazada y más bien los entonces jerarcas recibieron llamadas de atención por no iniciar a tiempo un nuevo proceso de licitación a sabiendas de que el contrato estaba por vencer.