Si un oficial sospecha que el chofer que detuvo en carretera está ebrio pero este no quiere someterse a la prueba de alcohol, ya no tendrá que gastar cinco o seis horas en despachos judiciales para conseguir la evidencia.
Con la reforma a la ley de tránsito a punto de aprobación definitiva en el Congreso, ese chofer no tendrá vías fáciles de escape, pues por solo negarse a la alcoholimetría o medición de alcohol recibirá una multa de ¢307.000. Así lo señala la modificación propuesta al artículo 143 de la normativa, la cual establece las razones para imponer la multa tipo A, que es la más alta.
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La legislación vigente, en cambio, establecía un complicado procedimiento para lograr que ese conductor se sometiera a la prueba.
Para Cindy Coto, directora del Consejo de Seguridad Vial (Cosevi), se trataba de un problema "estructural" de la ley en el tema de alcohol, cuyo primer inconveniente es que convertía el rechazo a la prueba en un problema judicial.
Esa circunstancia obligaba al policía a dejar el operativo para trasladar al chofer rebelde a la Fiscalía, conseguir una orden para pedir una muestra de sangre, llevarlo a un hospital para tomar la muestra de sangre y de nuevo a la autoridad judicial para enviar esa muestra a la medicatura forense con el fin de que, finalmente, la examinaran.
"Cuando eso pasa solo agarramos un conductor (infractor), pues un procedimiento que tenga judicialización tarda cuatro o cinco horas. Aparte de que tenemos una gran carencia de oficiales en carretera, ese procedimiento los hace poco operativos", reclamó Coto.
La reforma, precisamente, corrige esa falta de operatividad y elimina tal complicación.
Mario Calderón, director de la Policía de Tránsito, coincide. Según él, convertir este tipo de infracciones en causas judiciales, de alguna forma favorecían al chofer, pues este, cuando ya resulta condenado por una infracción, optaba por acogerse a una salida alternativa que lo obligaba a realizar algún trabajo comunal o una multa menor.
"El juez impone justicia restaurativa porque el chofer cuenta su drama, pero para no beber no tenía problema...así le imponen una multa de ¢20.000 o ¢40.000 o que compre pintura para pintar una escuela, pero en carretera va a seguir teniendo las mismas actitudes", afirmó el jefe policial.
La ingesta de alcohol al volante; sin embargo, se mantendrá en el ámbito penal cuando el conductor se someta a la prueba del alcoholímetro (desde la primera vez que se le solicite) y esta registre más de 0,25 miligramos de licor en aire aspirado (0,50 gramos por litro de sangre) en el caso de choferes novatos o profesionales (autobuseros o taxistas). También se aplica en el caso de conductores comunes cuando los niveles de alcohol en alcohosensor sean mayores a 0,38 miligramos en aire aspirado (0,75 gramos por litro de sangre).
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En esos casos, se exponen a una pena de prisión de uno a tres años o medidas alternativas.
Durante los dos primeros meses del año, la Policía de Tránsito trasladó a 386 choferes en esa condición. En total se realizaron 4.733 pruebas de alcohol por espiración de aire.
Alcohosensores confiables
Otra novedad de la reforma, es que cuando un chofer pida una segunda prueba para verificar el resultado, esta también será realizada con el alcoholímetro policial.
La ley anterior obligaba a disponer de laboratorios móviles, pero como estos nunca se adquirieron (costaban cerca de ¢800 millones cada uno), había que llevar al conductor a un centro de salud de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), lo que implicaba un desplazamiento.
Coto y Calderón, consultados por separado, aseguraron que los alcoholímetros son absolutamente confiables. Según dijeron, así se los han hecho saber expertos de la medicatura forense.
"Yo reto a cualquiera que quiera ir a ver y examinar los equipos que usa la Policía", expresó Coto.
Tránsito tiene al menos 200 alcohosensores.