Las radioemisoras presentaron una fuerte oposición al pago del canon de reserva de espectro pretendido por la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel).
Mediante este tributo, la Superintendencia procura recaudar ¢1.630 millones correspondientes al segundo semestre de este año. Es la primera vez que se cobra.
Esa tarifa está destinada a cubrir los gastos en personal y equipo para monitorear el espectro, a fin de garantizar un uso adecuado y eficiente de ese recurso.
Sin embargo, el plan fue rechazado, mayormente por las radioemisoras y televisoras, las cuales alegan que es ilegal y que la Ley de Telecomunicaciones las exime.
Así lo manifestaron durante la audiencia pública celebrada el 2 de setiembre en la cual se presentaron siete oposiciones al plan.
Los empresarios fundamentaron su oposición en un pronunciamiento vinculante de la Procuraduría General de la República, del pasado 30 de abril, el cual determinó que la radiodifusión no está sujeta al canon del espectro.
Según la Procuraduría, ese tributo cubre a los operadores que usan las frecuencias para dar servicios de telecomunicaciones por los cuales cobran a los usuarios.
La nueva ley dejó por fuera a las concesionarias de radiodifusión (radio y televisión) de libre acceso; es decir, que dan servicios al público sin el pago de una suscripción.
Estas se rigen por la Ley de Radio (1954) en cuanto al uso y explotación del espectro. Y pagan un monto fijo, cerca de ¢3.000 al año.
Maryleana Méndez, miembro del Consejo de la Sutel, explicó que a esos operadores no se les pretende cobrar por uso de las frecuencias principales, pero sí por los enlaces con las redes de soporte, las que permiten llevar la señal al país.
Reclamos. La Cámara Nacional de Radio (Canara), en representación de 22 emisoras, señaló que el cobro contradice la resolución de la Procuraduría y es ilegal.
“La propuesta de la Sutel vulnera los principios constitucionales de legalidad, reserva legal en materia impositiva, y pretende imponer un doble tributo a una actividad gravada”, indica la oposición.
A los reclamos se unió la Cámara de Infocomunicación y Tecnología, la cual criticó que el Poder Ejecutivo aún no haya emitido el reglamento sobre la administración, gestión y control del espectro.
Así, agrega, Sutel contará con recursos, pero no tendrá claridad, tampoco los operadores, de qué elementos conforman la gestión y control del espectro y por qué funciones están pagando.
La Cámara también objetó ¢650 millones en gastos administrativos, por creerlos “irrazonables y desproporcionados” , además de que tenían contenido presupuestario con el canon de regulación.
Entre los gastos por financiar con el canon, están: ¢980 millones en equipos para monitoreo del espectro. Estos se obtendrán por arrendamiento con un costo anual de ¢1.200 millones. Además, ¢168 millones en salarios y ¢468 millones en servicios.