En los últimos 15 días más de cinco protestas obligaron a cientos de oficiales de la Fuerza Pública y el Tránsito a desatender labores prioritarias.
Mientras los oficiales prácticamente caminan junto a los protestantes, accidentes de tránsito e incluso asaltos podrían estar ocurriendo en lugares donde esos efectivos de ambas dependencias debían permanecer.
El martes, la Dirección del Tránsito trasladó a 120 tráficos desde distintas zonas del país para regular el paso ante la marcha de los taxistas y motociclistas en el centro de la capital.
En ese mismo momento, un número similar de efectivos de la Fuerza Pública resguardaba la Casa Presidencial en Zapote, San José, la sede central del Instituto Nacional de Seguros (INS) e incluso el acceso a la residencia de la presidenta de la República, Laura Chinchilla, en Escazú.
Una situación similar se vivió hace 15 días, cuando los arroceros y los vecinos opuestos a un peaje en la vía a Caldera también tomaron las calles con marchas.
César Quirós, director de la Policía de Tránsito, confirmó que las marchas y protestas de los últimos días “golpearon” la labor de esa dependencia.
“Son distracciones que nos obligan a desatender otras funciones prioritarias que son vitales en las calles”, afirmó.
Así, por ejemplo, operativos en carretera o controles específicos por velocidad y restricción se redujeron esta semana.
Raúl Rivera, jefe de la Fuerza Pública de San José, coincidió con Quirós en que la capacidad de respuesta de su personal ante sus obligaciones se ve disminuida, por hacer frente a las protestas.
Ilegales. Rivera agregó que los cierres de carretera por manifestantes afectan la seguridad ciudadana, pero también son castigados por el Código Penal.
Según el artículo 256 bis del Código Penal, quien sin autorización impida el tránsito vehicular o de transeúntes se expone a una pena de 10 a 30 días de cárcel.
“Lo lamentable es que, aparte de ser ilegales, provocan que se tome el recurso policial para otras situaciones que no son las labores de seguridad ciudadana”, dijo.
Otro problema al cual se enfrentan ambos cuerpos policiales es la falta de personal, además del gasto de combustibles de las unidades al trasladar personal.
La Fuerza Pública labora por turno con 600 policías solo en San José y al atender una marcha debe echar mano de ese personal.
Una situación más compleja sufre el Tránsito, que solo cuenta con 1.000 efectivos para todo el país.
“El recurso policial es poco y, si se presentan este tipo de casos, no los podemos dejar de lado”, declaró Raúl Rivera.