Estimular la salida de 4.000 empleados públicos en mayo es el objetivo del Gobierno al poner en práctica, a partir de hoy y hasta el 31 de mayo, un inesperado plan de supresión voluntaria de plazas en el Estado.
A los funcionarios que soliciten su retiro se les ofrece, además del pago de las prestaciones, el reconocimiento de cuatro años de servicio adicionales y el rompimiento del tope de la cesantía hasta los 12 años.
De esta forma, si un empleado con un año de trabajo se acoge al plan, recibirá cinco salarios, mientras uno con 12 puede obtener una suma equivalente a 16 sueldos, que será lo máximo permitido.
El anuncio lo hizo ayer, en Casa Presidencial, el ministro de Reforma del Estado, Mario Carvajal, quien aseguró contar con ¢4.000 millones para cumplir con lo propuesto.
Con este plan, el Poder Ejecutivo procura eliminar, en solo un mes y con el mínimo de confrontación, el 50 por ciento de los 8.000 puestos que pretende recortar en 1995, dentro del Programa de Transformación Institucional.
"Me parece que esto lo he visto antes", expresó anoche el jefe de la fracción legislativa socialcristiana, Rodolfo Méndez, al recordar el plan de movilidad voluntaria que puso en práctica, en 1991, la pasada administración de Rafael Angel Calderón.
Dirigentes de diferentes agrupaciones sindicales rechazaron ayer la propuesta formulada por Carvajal, y manifestaron que es el mismo planteamiento del Gobierno anterior.
De hecho, el Consejo Permanente de los Trabajadores (CPT) acordó anoche, a las 8:15 p.m., convocar a una huelga nacional total los días 9 y 10 de mayo, para protestar por la reducción de plazas, la eventual elevación del impuesto de ventas del 10 al 15 por ciento, y demandar la aprobación del proyecto de justicia tributaria.
Supresión selectiva
Según Carvajal, los servidores que deseen acogerse al plan deberán comunicarse con sus jefes y llenar un instructivo que circulará, desde esta mañana, en todas las dependencias públicas.
Sin embargo, los jerarcas de cada institución pueden rechazar una solicitud si consideran que las tareas que desempeña el empleado son indispensables.
A quienes les sea aceptada la petición, se les darán las prestaciones, con los incentivos incluidos, tres semanas después de recibir la aprobación.
El Gobierno manifestó que se tendría por satisfecho si 2.000 empleados públicos aceptan ingresar en el programa. En caso de que más de 4.000 funcionarios presentaran sus fórmulas, el Poder Ejecutivo se compromete a cancelarles las prestaciones y la concesión de cuatro años de servicio adicional.
El plan solo regirá en mayo. Por esta razón, si algún funcionario decide trasladarse al sector privado después del 31 de ese mes no recibirá ningún beneficio.
El Ministro de Reforma del Estado comentó que el plan es aplicable por igual en todas las instituciones estatales. Según él, las autoridades de cada dependencia conocen cuáles plazas y en qué oficinas pueden autorizar la salida de personal.
Para el ministro de Trabajo, Farid Ayales, esta propuesta se enmarca en un plan cuyos puntos están incluidos dentro de las negociaciones efectuadas el jueves con la Confederación de Trabajadores Rérum Novárum.
Antes de viajar a Washington, el lunes pasado, Herrero informó de que el Gobierno contaba con algo más de ¢3.000 millones para dedicarlos a prestaciones.
Estos fondos saldrían, en partes iguales, del Presupuesto Nacional, presupuestos asignados a prestaciones en dependencias gubernamentales y fondos de la Agencia para el Desarrollo Internacional (AID). Los ¢1.000 millones restantes serán obtenidos del incremento de 8 puntos en los aranceles.
En total, el Estado requiere al menos ¢8.000 millones para pagar prestaciones a todos lo empleados cuyas plazas sean eliminadas.
Pero el coordinador del Consejo Permanente de los Trabajadores (CPT), Rigoberto Salas, destacó que el sector privado no está en capacidad de absorber 8 mil trabajadores, e insistió en la necesidad de analizar con más detenimiento la propuesta de supresión voluntaria de plazas.
Esta tarde, a partir de las 5 p.m, Ayales negociará con representantes del CPT formas alternativas a la eliminación de puestos.
Escenas de conflicto
Reuniones que no se concretan, más amenazas de protestas, propuestas de Gobierno y rechazos sindicales. Las discrepancias entre el Poder Ejecutivo y los gremios persisten.
Súbito anuncio.
Un día después de que el Gobierno reconoció la ausencia de recursos para pagar las prestaciones, el Ministro de Reforma del Estado anunció ayer en Casa Presidencial el plan de supresión voluntaria de puestos en el sector público.
Los estaba esperando.
Aunque Farid Ayales estaba esperando conversar ayer con los dirigentes del CPT a fin de poder aplacar las protestas sindicales, el encuentro no se efectuó porque los dirigentes no pudieron reunirse. La cita será hoy a las 5 p.m.
Siguen las amenazas.
En caso de que el Gobierno y los sindicatos no lleguen a un acuerdo esta semana, el CPT decretará una huelga por tiempo indefinido a partir del 9 de mayo que se uniría con otra que realizarán los empleados del ICE en relación con el caso Millicon y la participación privada en la generación eléctrica.