¿A quiénes se considera personas con discapacidad? ¿Cuántas de ellas usa autobuses para su traslado? ¿Si se les exonera del pago del pasaje, a quiénes se les debe trasladar el costo?
Estas son algunas de las interrogantes que giran en torno al proyecto de ley que pretende eximir del pago de pasajes de buses a esa población.
La iniciativa, presentada por el legislador del Partido Accesibilidad Sin Exclusión (PASE), Óscar López, pretende subvencionar a las personas con discapacidad y aplicar un ajuste adicional a las tarifas de buses para cubrir ese subsidio.
Sin embargo, tanto la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) como los autobuseros consideran que es necesario sustentar criterios sobre la sostenibilidad financiera y aclarar aspectos técnicos para aplicarlo.
De acuerdo con el proyecto, la exoneración se subvencionaría con un aumento de 0,50% en el ajuste del modelo tarifario de la Aresep para la tarifa individual en los autobuses.
También indica que la exención de pago se aplicaría a las personas cuya discapacidad sea permanente.
De esta forma, la iniciativa modifica el artículo 33 de la Ley Reguladora de Transporte Remunerado de Personas donde se establece la excepción de pago a los menores de tres años y a los adultos mayores, para añadir a las personas con discapacidad. Además, incluye dos artículos en los que se establece, primero, la aplicación del ajuste adicional en las tarifas para la subvención del pago y, segundo, que la Caja Costarricense de Seguro Social debe emitir una certificación que acredite la discapacidad permanente de los beneficiados.
Según los datos del INEC (recopilados en el 2011), en el país hay más de 300.000 personas con algún tipo de discapacidad y de estos cerca del 54% se encuentra desempleada.
Para el regulador general, Roberto Jiménez, se debe analizar si el 0,50% adicional al cálculo tarifario es un valor razonable.
"La Aresep no encontró sustento técnico que justifique la equidad y la sostenibilidad de ese porcentaje, se recomienda que esta población se le reste a la demanda de la ruta con el fin de definir la tarifa sin contabilizar esta población", dijo.
Jiménez añadió que debe existir un mecanismo de verificación de que la persona tiene una discapacidad para lo cual debería tenerse una certificación del ente correspondiente, pues no toda la población con discapacidad requiere el subsidio.
"La aplicación de este debe darse a las personas con discapacidad y que además, según estudios del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), califiquen como pobres según las clasificaciones existentes", añadió el regulador.
Los autobuseros también piden mayor claridad no solo al definir quién asumirá los costos tarifarios sino sobre los aspectos técnicos que regirán la medida.
De acuerdo con Luis Diego González, vocero de Cámara Nacional de Autobuseros (Canabus), no consideran correcto que se cargue la subvención de los pasajeros discapacitados a los demás usuarios de este medio de transporte, pues son los que menos tienen.
"En este país uno de los problemas es una muy alta motorización y los dueños de carros no están implicados en este tipo de subsidios, sino que es una carga a la gente con más consciencia del transporte público y que tienen menos recursos", explicó González.
El representante de los autobuseros añadió que también hay un problema de control de ingresos al tiempo que falta claridad sobre cómo se va a determinar la persona que tiene discapacidad y que por ende no pagaría el pasaje.
Por su parte, la directora de la Cámara Nacional de Transportes (Canatrans), Silvia Bolaños, considera que el proyecto tiene un problema de eficiencia técnica al no decir con mayor precisión quién va dirigido.
"Hablan de la discapacidad sin tener una definición técnica de cuáles son los alcances de esa discapacidad y cuál es el funcionamiento para determinarlo, luego le traslada las funciones a la Caja para que determine cuando existe un órgano rector que es el Conapdis (Consejo Nacional de Personas con Discapacidad)", aseguró Bolaños.
A modo de ejemplo, la funcionaria mencionó que hasta una persona que use lentes podría alegar que padece una discapacidad y entonces habría que exonerar de pago a una gran parte de la población.
Bolaños también señaló que no se cuenta con información reciente sobre la cantidad de población discapacidad y tampoco hay claridad con respecto a al tema de la subvención.
Ambas cámaras también ya comparecieron ante los diputados que promueven la iniciativa.
Opiniones divididas
Los posibles beneficiarios parecieran estar divididos.
Para Dora Luz Mora, la exoneración de pago por su hija, quien tiene parálisis, representaría un gran alivio. En cambio, para Alonso Mora, quien también presenta una discapacidad, con la iniciativa se incrementaría el mal trato de parte de los choferes.
"Para venir aquí (Centro Nacional de Rehabilitación, en La Uruca), debo tomar dos buses. Nosotras venimos a citas como ocho veces al mes y además todos los días la llevo a ella a la escuela. Entonces si se quitara el pasaje sería una gran ayuda.
"Hay mamás que a veces no llevan a los chiquitos a la escuela de rehabilitación porque no tienen plata para los pases", dijo Mora.
Al igual que ella, Rafael Salas, quien perdió la pierna derecha a causa de un accidente, cree que no tener que pagar pasajes representa un beneficio, pues a sus 62 años no puede laborar a causa de su discapacidad y debe viajar constantemente a citas.
Caso contrario es el de Alonso Mora, quien no quiere que los exoneren del pago.
"El sistema de rampas de los buses no es el óptimo para nada, complica la vida al chofer y al afectado directo que es uno. A veces tengo que dejar pasar dos o tres buses porque no les sirve la rampa, entonces el hecho de que lo exoneren, me parece una vergüenza. Si no recibimos un buen servicio pagando ya yo no contaría como un usuario sino como que me están haciendo un favor", manifestó Mora, quien trabaja en un centro de fotocopiado en Ciruelas de Alajuela.
Él se moviliza en una silla de ruedas.
Buen camino
Pese a los señalamientos mencionados, los diputados Marcela Guerrero, del Partido Acción Ciudadana, y Óscar López aseguraron que el proyecto tiene muy buen ambiente y que todos los sectores que han consultado lo han avalado.
Guerrero reconoce que aún se deben hacer ajustes relacionados con el tema del impacto tarifario y del cálculo de la demanda real. Con esa información,dice, se podrán fijar los mecanismos de subvención.
"El otro tema del que hablamos es que si hay un sistema de cobro electrónico puede ser más fácil estimar los costos de esta población", dijo Guerrero.
López, quien preside la Comisión Especial sobre Proyectos de Ley de temas vinculados con las Personas con Discapacidad, aseguró que únicamente falta que la Aresep suministre el modelo de cálculo, pues el proyecto carece de eso.
Una vez que cuenten con esa modalidad para estimar el subsidio, el proyecto sería dictaminado para ser votado en el plenario legislativo.
Según el legislador, la idea es que dicha iniciativa sea discutida antes de agosto, pues entre setiembre y diciembre los diputados se enfocan en el tema del presupuesto de la República.
"Ellos nos aconsejaron usar el mecanismo que se usa en el caso de los adultos mayores para que no haya problemas", añadió el legislador.