El Proyecto de Ley de Contingencia Eléctrica, impulsado por la anterior administración desde junio del 2011, continúa generando debate dentro del sector energético.
Entre los puntos controversiales que propone el expediente 18.093, está aumentar del 15% al 30% el tope a la participación de generadores energéticos privados, definido en la Ley N.° 7.200.
También persigue que la capacidad instalada de cada una de sus plantas sea capaz de sobrepasar los 20 megavatios (MW).
Hoy, esta iniciativa continúa en estudio y tiene la máxima prioridad para los diputados de la Comisión de Asuntos Agropecuarios de la Asamblea Legislativa.
Édgar Gutiérrez, jerarca del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), se opone al proyecto actual y lo tilda de ser “sumamente extractivista”, carente de intenciones de cuido ambiental.
Además, se manifiesta opuesto a su aprobación Carlos Obregón, presidente del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
‘Así de sencillo’. Otto Guevara, del Movimiento Libertario (ML), propone dictaminar el plan y eliminar, vía mociones, los artículos más controversiales: “Que se simplifique y quede en dos artículos: súbase del 15% al 30% de participación privada y del tamaño de planta, de 20 MW a 50 MW. Así de sencillo. Aprobémoslo ya, para que los privados empiecen a desarrollarse de una vez”.
Empero, en esta discusión surgen preocupaciones como la de Irene Cañas, viceministra de Energía, quien se opone al sistema actual de contratos, pues este obliga al ICE a comprar cierta energía por 15 años, sin importar si otras alternativas –con fuentes públicas renovables o mediante importaciones a la región– resultan aún más baratas.
“Los dos rubros que más pesan en las tarifas eléctricas son los contratos de generación privada y los compromisos con los fideicomisos de esos proyectos. Está claro cuáles son las tajadas que pesan en la tarifa del usuario final”, declaró.
Mario Alvarado, director de la Asociación Costarricense de Productores de Energía (Acope), no descartó las compras según conveniencia, mas aseguró que eso solo será posible cuando haya un mercado mayorista en competencia.
“Si no es así, todos los privados quebrarían porque ahora solo podemos venderle al ICE y se nos impide exportar. No tendríamos qué hacer con la energía si no hay contratos fijos que nos garanticen la inversión”, manifestó Alvarado.
Según Guevara, los términos de estos contratos se resolverían con la Ley General de Electricidad, mediante la apertura del mercado y la creación de un centro de despacho con criterio económico. Así, expresó, se compraría más barato cuando se requiera.