El suministro de combustibles podría verse interrumpido hoy debido al paro convocado por el sindicato de Recope para defender beneficios de la Convención Colectiva.
La protesta afectaría las labores en todos los planteles de distribución y en las oficinas administrativas de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope).
El descontento surge luego de que la Contraloría General de la República impugnó ante la Sala Constitucional artículos de la Convención relacionados con el pago de sobresueldos y el tope de la cesantía.
Gilbert Brown, secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros Químicos y Afines (Sitrapequia), sentenció que la protesta convocada para hoy será el primer paso en la lucha por la defensa de ese convenio laboral.
“Lo que queremos saber es si tenemos seguridad jurídica en este país o si no tenemos seguridad jurídica. Este es un tema que viene desde el año 2000 y que cíclicamente alguien presenta un recurso contra alguna cláusula de la Convención Colectiva”, criticó Brown.
El sindicalista dijo que no descartaba la afectación en servicios como las ventas de combustibles, al tiempo que repudió el calificativo de “privilegios odiosos” con que la Contraloría calificó los beneficios.
Según comunicó Sitrapequia, el ente contralor impugnó los artículos 113, 156 y 142 de la convención.
Bajo el artículo 113 se norma el pago de un incentivo por desempeño, el cual está sujeto al resultado de la evaluación de cada empleado.
El 156 se refiere al pago de la anualidad, que en el caso de los empleados de Recope hoy es de un 5% sobre el salario base.
La convención también establece el pago de un incentivo salarial de 1,92% sobre el sueldo base. Este beneficio se denomina “pasos” y se otorga al empleado cuando cumple un nuevo año en la empresa.
Jorge Villalobos, presidente de Recope, explicó que, según estimaciones de la Contraloría, estos dos incentivos le cuestan a Recope unos ¢10.000 millones al año.
Según el jerarca, el ente contralor considera que hay duplicidad y solo debe mantenerse el reconocimiento salarial por “pasos”.
El otro artículo impugnado es el que establece un tope de 24 años para el pago de cesantía. Para la Contraloría, deberían ser 20 años.
Retiro de decenas. Villalobos dijo que la posición de la Contraloría motivó el retiro de unos 50 empleados en lo que va del 2013.
El pago de todos los extremos laborales a este grupo representó un desembolso de ¢1.900 millones.
Agregó que era personal al que le faltaba poco para pensionarse y que cerca del 50% de las plazas no tendrán reemplazos.